Tras el nueve de marzo, el Gobierno que salga de las urnas puede y debe dar la cara ante los problemas de seguridad y defensa a los que se enfrenta nuestro país. La situación de nuestras fuerzas armadas y el entorno estratégico al que nos enfrentamos, exigirán, del nuevo Gobierno, al menos diez medidas que deberá tomar durante los primeros cien días. Desde GEES consideramos que deben ser las siguientes:
1. Derogar la Ley de Orgánica de la Defensa Nacional. Por varias razones; por haber sido aprobada sin consenso; por ser una ley obsoleta contraria a las Fuerzas Armadas y contraria al interés nacional; por negar al JEMAD el control operativo de las fuerzas –lo que va en contra de lo que impera en todo el mundo–; por renunciar a un concepto actual y dinámico de seguridad y defensa. Hay que impulsar una nueva.
2. Derogar la Ley de Carrera Militar porque se presentó sin buscar el consenso de la sociedad y de los partidos políticos, por contemplar un polémico redimensionamiento de los cuerpos y una modificación de los ascensos sin tener en cuenta a todos los colectivos perjudicados, y por desvirtuar y degradar la enseñanza militar.
3. Derogar el Consejo de Defensa Nacional que, bajo dependencia directa del ministro de Defensa, es tan inoperativo como lo fue la anterior Junta de Defensa Nacional.
4. Disolver la Unidad Militar de Emergencias, un cuerpo de bomberos ilegal e ilegítimo creado para gloria del presidente del Gobierno. Se sitúa además por encima de la Ley de Defensa Nacional y al margen de la estructura militar. Además, roba cuatro mil necesarios soldados a los ejércitos.
5. Acabar con las restricciones a la actuación de nuestra Fuerzas Armadas en el exterior. Por un lado, acabar con el sometimiento de la presencia de tropas españolas a la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro, al requerir una autorización parlamentaria, el Gobierno elude sus propias responsabilidades constitucionales y merma la rapidez, flexibilidad y operatividad de nuestras fuerzas de respuesta.
6. Crear un Consejo de Seguridad Nacional. Urge dotarse de un órgano permanente, adscrito al presidente del Gobierno, para la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa. Debe coordinar y preparar la política de seguridad y defensa, y poder solventar cualquier crisis. Un órgano que coordine y asegure la colaboración entre diversos órganos administrativos y departamentos ministeriales, entre ellos Exteriores, Defensa e Interior.
7. Elaborar una Estrategia de Seguridad Nacional, un documento que recoja los criterios y los objetivos de la política de seguridad y defensa española, con el presidente del Gobierno como responsable último de esta política. El ministro de Defensa, por delegación, será el encargado de la ejecución de dicha política y de la administración militar. Esta estrategia debe plantear la necesidad de actuar preventivamente en determinadas circunstancias.
8. Hacer cumplir la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU en el Líbano, donde nuestros soldados fueron enviados bajo absurdas promesas de cumplir una misión de paz, que nunca ha sido ni clara ni realista. En un entorno hostil, nuestros cascos azules deben asumir la responsabilidad de perseguir a aquellos que atentan contra la seguridad y cumplir con el desarme de Hezbolá.
9. Incrementar nuestra presencia y nuestro compromiso en Afganistán y con la OTAN. Se deberá acabar con las restricciones que impone al Gobierno para el uso de la fuerza militar más allá de nuestras fronteras, los denominados caveats, que minan nuestra capacidad de actuación Del éxito de la misión no sólo dependen miles de personas en país, sino también en todo Occidente.
10. Incrementar el presupuesto de Defensa. Es necesario de cara a los futuros objetivos, además de una mejor gestión de los mismos.
