El Tribunal Constitucional acaba de estimar por mayoría la recusación planteada por el gobierno de Zapatero contra los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, tras haber rechazado en noviembre la recusación planteada por el PP contra los magistrados Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps. Esta decisión, en torno al contencioso planteado por la reforma de la Ley Orgánica del Alto Tribunal, supone otro luctuoso capítulo en la crónica de los esfuerzos del Gobierno de Zapatero para que el Tribunal Constitucional termine aceptando el "pulpo como animal de compañía" ante leyes tan ajenas al espíritu y la letra de nuestra Carta Magna como el estatuto soberanista catalán.
Para que los lectores no se pierdan en esta larga y vergonzosa crónica destinada a liquidar de facto el consenso logrado en 1978, recordemos cómo el Gobierno de Zapatero propuso la reforma de la LOTC para poder prorrogar el mandato a su actual presidenta, María Emilia Casas, concluido a mediados del pasado mes de junio.
La continuidad de Casas –una magistrada designada a propuesta del PSOE, proclive a las reivindicaciones nacionalistas y esposa de uno de los asesores contratados por la Generalitat para la elaboración del entonces proyecto estatutario– resulta decisiva si tenemos en cuenta tanto el equilibrio de fuerzas que coexisten en el Alto Tribunal como el voto (doble) de calidad de quien lo preside en caso de empate.
El Partido Popular presentó un justificado recurso contra esa artera maniobra con la que el Gobierno pretende cambiar de reglas a mitad del partido, a lo que el Ejecutivo de Zapatero respondió, en otro acto sin precedentes en nuestra democracia, pidiendo, a través de la abogacía del Estado, la recusación de dos magistrados. El Gobierno de Zapatero alegó en su petición de recusación que esos dos magistrados ya se habían manifestado en contra de la reforma de la LOTC, por lo que el PP decidió participar en la contienda en los mismos términos planteados por el Gobierno, y solicitó la recusación de tres magistrados que también se habían manifestado sobre la reforma de la LOTC, sólo que de forma favorable.
A pesar de que la petición de recusación planteada por el PP fue posterior a la solicitada por el Gobierno, el Alto Tribunal decidió resolverla con anterioridad, desestimándola. El más elemental sentido de equidad y de coherencia hacía esperar, entonces, que el Tribunal Constitucional también rechazara las recusaciones de magistrados planteadas por el Gobierno. Al estimarlas, por el contrario, este miércoles, el Tribunal Constitucional ha dejado en bochornosa evidencia una doble vara de medir.
En cualquier caso, si vergonzosas está resultando en sí mismas todas estas maniobras, más letal resulta todavía el objetivo que persiguen, que no es otro que avalar un engendro soberanista, cuya inconstitucionalidad es tan manifiesta que hasta uno de sus promotores, Pasqual Maragall, ha terminado por reconocer que es inviable sin una reforma previa de nuestra Carta Magna.
A esa voladura nos encaminamos, facilitada que una falta de división de poderes, que "enterró" a Montesquieu tanto como puso en jaque a nuestra nación como Estado de Derecho.
