Todo el mundo sabe que en la gran mayoría de los casos los excesos se pagan. Lo más ajustado a la ética es que los excesos los pague aquel que los ha cometido, y no todo el mundo excepto precisamente el imprudente. Por esta razón las personas han de ser responsables de sus actos. Si bebemos mucho alcohol, sabemos que al día siguiente tendremos resaca. Si conducimos imprudentemente, corremos el riesgo de tener un accidente. Si engañamos a un amigo, corremos el riesgo de perder su amistad. Algo tan básico y que hasta un niño sabe sin necesidad de que nadie se lo explique, parece que no lo entiendan esos burócratas que están por encima del bien y del mal.
Los gobernantes, cuando abordan la cosa económica, se comportan de forma completamente contraria a la que dicta el sentido común. Esta semana hemos visto dos ejemplos. Uno ha tenido lugar en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha vuelto a inundar el mercado de dinero para salvar al malogrado sistema bancario, lo que está sumiendo al dólar en las más profundas simas y provocará un nivel de inflación que el país difícilmente va a poder asumir. El otro caso lo tenemos bien cerca; el nuevo Gobierno ha creído conveniente salvar del desastre al sector inmobiliario con gasto público, es decir, con nuestro dinero.
Cuando una empresa empieza a acumular deudas o costes en lugar de beneficios significa que ha realizado una gestión irresponsable o que ya no tiene el favor del que hasta entonces había sido su público. Expresado de otra forma, por las causas que sea, lo ha hecho mal. Cuando alguien hace algo mal es de sentido común que tome esta responsabilidad e intente solucionarla como mejor pueda. Lo que no tiene justificación alguna es que con falsas excusas sobre el bien común llame a la puerta de papá Estado, de aquel que tiene el monopolio de la fuerza, y le exija que le solucione el problema. Cuando algo así ocurre, a quien hace una mala gestión empresarial se le da patente de corso para ser un irresponsable, ya que traspasa sus costes a la sociedad, convirtiéndose en beneficiario neto de su buena gestión inicial sin asumir ningún coste por su poca visión empresarial posterior.
Esta situación se da una y otra vez en el sector financiero desde el siglo XX debido al excesivo proteccionismo de los bancos centrales. Como se suele decir, la banca es experta en individualizar los beneficios y socializar las pérdidas. En realidad no es culpa de la banca, sino de los banqueros centrales, que son quienes han impuesto este sistema. Ahora, este capitalismo de Estado se está extendiendo a al sector de la construcción. Posiblemente será muy popular que el Gobierno empiece a hacer centenares de miles de viviendas de protección oficial, pero esta medida no ayudará a la economía porque el mercado necesita reajustarse; además, restará recursos a otros proyectos productivos que la demanda necesita, lo que creará déficits en otros servicios, y será financiada por medio de la fuerza con el dinero de millones de familias que ya tienen una vivienda y las pasan canutas a fin de mes.
Nuestros burócratas han lanzado el mensaje, en plena crisis del sector inmobiliario, que el mejor negocio ahora es crear una empresa de construcción para que así estos empresarios con patente de corso puedan repartirse el botín que los burócratas nos han sacado y seguirán sacándonos. Si los precios están muy altos, ¿no es lógico que bajen y que estos empresarios se dediquen a cosas que la sociedad demanda de forma más urgente en términos de precio?
Aún hay gente que achaca todo esto al "capitalismo salvaje", cuando los principales causantes de esta economía de la irresponsabilidad (lo que podemos llamar moral hazard) son el Gobierno y las políticas expansionistas de los bancos centrales. Como ha dicho recientemente el conocido inversor Jim Rogers, esto no es capitalismo, sino socialismo para ricos.