Después de la URSS y las "democracias populares", Francia era el país europeo en el que el Estado desempeñaba el papel más importante en todos los terrenos, siendo el principal patrón de la economía y de la industria. Esas "nacionalizaciones" se realizaron en tres oleadas sucesivas. La primera y más modesta fue en tiempos del Frente Popular, allá por los años 36-37. La segunda fue mucho más importante y la llevó a cabo el Gobierno del general De Gaulle, en su alianza implícita con el PCF, justo después de la guerra, durante los años 45-46. Pero es la tercera la que está en la mente de todos los franceses, debido a sus efectos catastróficos. Se realizó los primeros años del "reino" de Mitterrand, por los años 81-82, cuando se "nacionalizó", entre otras cosas, prácticamente todo el sistema bancario y financiero galo.
Hubo que esperar 14 años hasta el final de la larga presidencia de Mitterrand para que las cosas cambiaran, y se comenzara a privatizar. Fue en tiempos de la llamada cohabitación, cuando era primer ministro Edouard Balladur. Las privatizaciones prosiguieron durante la nueva cohabitación, con Chirac de presidente y Jospin de primer ministro. Pero las privatizaciones en Francia son perversas, porque el Estado se mantiene en las empresas privatizadas, a veces con un 20% y otras con el 70% o más del capital. Además, el Estado sigue dirigiendo, o al menos controlando, la economía, como controla todo lo demás: la enseñanza, la "cultura", la sanidad, las pensiones, el paro, la familia; en fin, todo.
Las muy modestas reformas emprendidas por Sarkozy y su Gobierno pretenden cambiar esta situación, reformar el Estado, disminuir su pletórica burocracia, flexibilizar el mercado laboral, etc., pero como el Estado está en todo, y todo depende del Estado, es el Estado quien tiene que reformarse a sí mismo desde arriba. Esta contradicción explica, en parte, los magros resultados obtenidos hasta ahora, y como el horizonte económico se oscurece, las verdaderas reformas corren el riesgo de archivarse, como siempre ocurre en Francia.
Dos cuestiones están en discusión estos días en el Parlamento. La primera es el envío de más tropas a Afganistán y la segunda una mera farsa ecológica y fraudulenta: se discute una ley (¡otra!) para saber si se autoriza, se prohíbe, se estudia o se controla el cultivo de productos OGM, como se dice en Francia, o sea, organismos genéticamente modificados. Las tres cuartas partes del mundo se nutren de arroz, maíz y otros cultivos transgénicos, pero en Francia aún se sigue discutiendo si son peligrosos para la salud para complacer al forajido José Bové y, sobre todo, para fastidiar a las empresas agroalimentarias yanquis.
