En política económica hay dos formas de encarar los problemas, la que funciona, que coincide con la que deja a las personas mayores dosis de libertad, y la que no, que viene caracterizada por la presencia del Estado en cualquiera de las múltiples formas que ésta puede adoptar.
Este principio no es, ni mucho menos, una excepción en la lucha contra la inflación, sino todo lo contrario. En España, los problemas con los precios de consumo tienen, en estos momentos, una doble naturaleza. Por un lado, está el petróleo, que sube igual para todos los países, pero que en el nuestro tiene un impacto sobre la inflación muy superior que en el resto de la Unión Europea como consecuencia de la excesiva dependencia española del crudo, una dependencia que Zapatero no está dispuesto a reducir, pese a ser necesario hacerlo desde el punto de vista estratégico, económico y medioambiental, a través de la potenciación de la energía nuclear, algo que ya pide hasta el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Por otro, están los alimentos, con los que sucede lo mismo que con el oro negro, y aquí la cosa es peor.
Acabamos de asistir a la forma que tiene el Gobierno de resolver el problema de la subida de los precios de los alimentos y, por tanto, de la inflación: que la Comisión Nacional de la Competencia abra expediente a las industrias alimentarias por concertación de precios cuando no tiene pruebas de ello. Es decir, se trata de la política de la amenaza para que todo el mundo haga lo que quiere el Ejecutivo saltándose a la torera muchos principios, entre ellos el de libertad económica y el de presunción de inocencia. Lo que se necesita, en cambio, son menos amenazas y más dosis de liberalización económica en la cadena de distribución alimentaria, pero Zapatero y los suyos, por lo visto, no están por la labor de profundizar en la reforma de este sector.
Desde esta perspectiva son de destacar los planes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que prepara una gran liberalización del comercio, con el fin de aumentar el empleo en el sector y mejorar su competitividad, lo que se traduce en precios para el consumidor mucho más bajos. Sin duda, transita por el camino correcto.
Madrid es la autonomía española, con diferencia, con mayor libertad comercial, si bien todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido en términos de horarios, aperturas en festivos y autorizaciones para que operen las grandes superficies, elementos éstos en los que quiere entrar Esperanza Aguirre. Y sin duda repercutirán de forma positiva en el empleo, pero también en la inflación. Es uno de los valores intrínsecos de la libertad. De hecho, lo que se ha avanzado en ese sentido hasta ahora ya se deja sentir en términos diferenciales con el resto de España: Madrid es la región con la mayor tasa de crecimiento económico pero tiene una inflación por debajo de la media nacional. La profundización en la reforma y modernización del comercio se reflejará aún más no solo en estos aspectos, sino también en el empleo y el bienestar de las personas. Además, esta política tiene la virtud de mostrar que los problemas se pueden resolver y que hay otra forma de hacer las cosas, que aquí no estamos condenados al fatalismo del que solo se puede escapar con actuaciones como la de la Comisión Nacional de la Competencia.
Madrid, ese crisol en el que se miran todas las Españas, según decía Azaña, se convierte así en el ejemplo a seguir no solo para otros gobiernos regionales sino también, y sobre todo, para el de la Nación. Como decía al principio, en economía hay dos formas de hacer las cosas. Aguirre elige la correcta; Zapatero, la equivocada.
