La estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos según el artículo sexto de la Constitución. El alcance de lo democrático no lo aclara la norma, y habrá que dejar su interpretación a los criterios más o menos exigentes de cada cual. Cualquier votación tiene esa apariencia, y sólo un conocimiento preciso de los mecanismos por los cuales llegan unos compromisarios y no otros al congreso de un partido, o una observación de cómo vota cada grupo de compromisarios (por ejemplo, en bloque) permite ir calibrando el carácter democrático del formalismo del que sale el presidente del partido.
Ello no significa que el espíritu asambleario sea la única garantía de legitimación democrática de las decisiones internas. Si así fuera, con echarle un vistazo al barómetro de Ipsos, según el cual siete de cada diez militantes del PP consideran que otro líder lo haría mejor que Rajoy, estaríamos al cabo de la calle.
Lo que no tiene defensa, por caer fuera de cualquier criterio de democracia, es la pretensión de que no se manifiesten discrepancias, no se conozcan opiniones diferentes de las oficiales y se aborte cualquier crítica por tenue que sea. Es en este punto donde uno encuentra profundos motivos de preocupación en manifestaciones como las de Celia Villalobos instando a Esperanza Aguirre a "quitarse de en medio a algunos que hablan en su nombre". No preocupa el exacto tenor de las palabras de la esposa del señor Arriola, que parecerían engañosamente señalar a quienes hablan en nombre de la presidenta sin su autorización; Esperanza Aguirre sería la primera en atajar tal licencia.
Lo que preocupa, pues ya nos vamos conociendo todos, es que la diputada Villalobos le está indicando a la presidenta Aguirre algunas cosas más (y en esta indicación, que contiene directrices, sí cabe preguntarse en nombre de quién habla doña Celia para permitirse el dictado). Le está indicando que se abstenga de funcionar en equipo, que limite sus opiniones precongresuales a su sola voz, como si de una militante más se tratara (aunque rodeada de cámaras y micrófonos, qué le vamos a hacer...).
Otra posible intención subyace en las consejas de la consejera consorte. La de indicar a Aguirre que haga callar (¿cómo?) a los analistas, columnistas y tertulianos más próximos al liberalismo de Aguirre que al conservadurismo travestido de Gallardón y al centrismo oportunista del nuevo Rajoy. Aquellos que se muestran críticos con el modo en que se está gestionando la derrota y organizando el futuro.
Si lo primero era dudosamente democrático, esto sería directamente inadmisible. No por mostrar una preferencia se habla en nombre del preferido. Y si el preferido (o preferida) no puede silenciar a un opinador, mucho menos un tercero. Alguien tan próximo al origen de todos los problemas.
