Por fin se desvela el enigma. Un tribunal de apelaciones de California ha dictaminado que los padres carecen de cualquier derecho constitucional a escolarizar a sus hijos en sus domicilios. El veredicto se basa en esta siniestra cita del fallo de un caso de hace 47 años: "La finalidad primordial del sistema educativo es formar a los escolares en la buena ciudadanía, el patriotismo y la lealtad al Estado y a la nación como medios de protección del bien común."
Ahí lo tiene: la finalidad primordial de las escuelas públicas es formar a los escolares "en la lealtad al Estado". Al parecer eso protege "el bien común" mucho mejor que dejar que sean los padres quienes eduquen a sus hijos en casa, pese a que estos chicos tienen por general un mejor desempeño intelectual que los alumnos del sistema público. En 2006, los estudiantes escolarizados en casa sacaron una nota media en el examen estandarizado de selectividad de 22,4 puntos. La media nacional fue de 21,1 puntos.
El juez H. Walters Croskey afirma que "los tribunales de California han venido sosteniendo que bajo los artículos del Código de Educación, los padres carecen del derecho constitucional a escolarizar a sus hijos en casa". Si así es la ley en California, entonces el señor Bumble de Charles Dickens estaba en lo cierto: "La ley es un idiota."
La Constitución de California dice que "el Legislativo fomentará la difusión general del conocimiento y de la formación académica por todos los medios, puesto que aquélla es esencial para la preservación de los derechos y las libertades del pueblo, la promoción del avance intelectual, científico, moral y agrícola".
Eso no parece descartar la escolarización en el domicilio, a menos que se tome como un cheque en blanco para que los políticos ejerzan un poder absoluto.
Obviamente, el código educativo es vago. Exige que los hijos asistan a centros públicos o privados (donde la ley no exige profesores homologados). Pero también pueden ser enseñados por tutores de homologación estatal. La escolarización en casa no se menciona directamente. Existe una cierta discusión sobre lo que eso significa. El tribunal y el sindicato de profesores afirman que la escolarización en casa es ilegal a menos que el tutor legal que imparta las clases tenga una homologación estatal.
Los padres que escolarizan a sus hijos en casa, muchos de los cuales declaran sus hogares como centros privados, afirman que lo que hacen es legal. Y hasta la fecha esto ha sido legal según el Departamento de Educación de California, donde 166.000 niños reciben su educación fuera de los colegios. Por su parte, el Centro Nacional de Estadística de Educación afirma que en 2003 (el año más reciente del que disponemos de datos), casi 1,1 millones de niños estaban escolarizados fuera del sistema en todo el país. La cifra sigue creciendo, de manera que es obvio que los padres que enseñan a sus hijos fuera de los colegios piensan que obtienen en su casa algo más de lo que recibirían en las aulas.
El diario Los Angeles Times no está seguro de lo que dice ley del estado. "Si no existe tal derecho [a la escolarización en casa], como dictaminó el tribunal, el Legislativo debería convertirlo en opción", afirmó el consejo editorial del periódico. El editorial se preguntaba por el motivo de que los padres que enseñan en casa a uno o dos hijos necesiten credenciales mientras que los profesores de centros privados, que hacen su trabajo en aulas llenas de alumnos, no.
El peligro de que el poder legislativo aclare la ley es que esta institución está controlada por políticos receptivos a las opiniones del sindicato de profesores, que desprecia la escolarización fuera del sistema: "Las familias que enseñan a sus hijos en casa tienen miedo a que cualquier intento de proteger esta institución acabe por ilegalizarla", escribe el columnista del Orange County Register Steven Greenhut Me recuerda lo que decía el juez de Nueva York Gideon Tucker en el siglo XIX: "Ni la vida, ni la libertad ni la propiedad de ningún hombre están seguras mientras el Congreso está reunido."
Este caso particular está embarrado por sospechas de abusos a menores, aunque como decía el Times, el tribunal "utilizó incorrectamente un solo ejemplo de posible abuso infantil para castigar a decenas de miles de escolares que aprenden en casa". Pienso que el tribunal en cuestión está mirando la Constitución de California al revés. El tribunal no encuentra en ella ningún derecho a enseñar a los hijos de uno fuera del sistema. Pero en un país libre se puede hacer cualquier cosa que no quede expresamente prohibida por la ley. Si la Constitución no contiene ninguna cláusula referida a la escolarización en casa, entonces el derecho recae en el pueblo. Así es como los redactores de la Constitución de los Estados Unidos pensaban que debían funcionar las cosas.
La semana pasada, el tribunal de apelaciones sorprendió a todo el mundo accediendo a reabrir el caso. El San Francisco Chronicle informó que los jueces "aludieron a una revisión de todo su veredicto del 28 de febrero aceptando los argumentos por escrito de funcionarios de educación estatales y locales y de sindicatos de profesores". Para colmo, el superintendente escolar del estado, Jack O'Connell, dice creer que la escolarización en casa es legal y se decanta por la libre elección en la educación.
Todo eso es razonable, pero ¿por qué la educación es asunto del Estado? Se da por sentado que el Estado es el padre último de cada niño, pese a que en una sociedad libre no exista ninguna justificación para ello. Los padres pueden no ser perfectos (algunos son bastante malos) pero una burocracia anónima y fría no es mejor. Esperemos que en junio el tribunal corrija su error.
