Bucaneros, filibusteros, corsarios, piratas; estos son algunos de los términos que utilizan los medios para describir a los mercenarios, desertores, ex combatientes o simples delincuentes que integran las milicias marítimas que aterrorizan los navíos en el siglo XXI. Los mares de Somalia y del Océano Índico se cuentan entre los más peligrosos del mundo, donde los actos de piratería contra buques de todas las nacionalidades han crecido de forma brutal en los últimos años. Los piratas modernos, como los de antaño pero con medios mucho más modernos, también acosan, persiguen, secuestran, atacan, roban e incluso matan y de ello no se han librado tampoco los barcos españoles. El secuestro del atunero Playa de Bakio es sólo un ejemplo más.
Los socialistas decidieron en su día que no era un asunto del Estado amparar y proteger a unas embarcaciones y a unos tripulantes que llevaban a cabo una actividad económica en condiciones difíciles y hostiles en un mar lejano. El Gobierno de Zapatero ha sido incapaz de adoptar las medidas preventivas reclamadas en su momento para establecer un sistema de protección para los pesqueros españoles que faenan en aquellas aguas. Y no será porque no se veía venir.
Los patrones de los barcos españoles llevan años avisando del acoso de los piratas, y han existido ya frustrados intentos de secuestro como en noviembre de 2005 y en abril de 2006 con los buques Playa de Aritzatxu y Albacora IV en el Índico. En mayo de 2006, nueve meses después de que el sector pidiera protección en las aguas adyacentes a Somalia, Moratinos aseguró que se estaba estudiando el envío de una patrullera para proteger a la flota pesquera, además de señalar que se estaba negociando con países amigos y aliados una serie de acuerdos para garantizar la seguridad de las embarcaciones.
No fueron más que palabras, y aún fue peor. El Congreso aprobó una iniciativa, el 5 de julio de 2007 con los votos en contra del PSOE, que instaba al Gobierno a desplegar una fragata en el borde de las 200 millas jurisdiccionales de Somalia. Pero en la Comisión de Asuntos Exteriores del 3 de octubre de 2007, el Gobierno de Zapatero afirmó que descartaba el envío por razones técnicas, económicas y de eficacia que se apoyaban en un informe del Ministerio de Defensa. Concluyó que debían ser los foros multilaterales e intergubernamentales quienes debían hacer las gestiones. Es decir: que fuesen otros los que protegieran los barcos españoles.
Ha tenido que producirse un secuestro de un navío español para que el Gobierno reaccione y decida enviar, tarde y mal, una fragata de la Armada hacia el Índico. Eso sí, sólo para ejercer una labor disuasoria. Incapaz, Zapatero ha recurrido a Estados Unidos y Francia para pedirles apoyo para lograr la liberación del barco atunero, mientras mantiene contacto con las autoridades de la OTAN.
Ha quedado de manifiesto que no disponemos de un plan de emergencias eficaz que reaccione ante una amenaza a la seguridad fuera de territorio nacional. Una carencia notable si recordamos la contundente respuesta de Francia hace apenas dos semanas en las mismas aguas. Tras el pago del rescate, una decisiva operación militar permitió detener a una parte de los piratas y recuperar parte del dinero. Fue una muestra de la voluntad del presidente galo de acabar con la impunidad de las mafias marítimas internacionales.
Por desgracia para los intereses de los españoles, Zapatero no es Sarkozy y la célula de seguimiento organizada para conseguir la liberación de los marineros está muy lejos de la contundencia de París contra los piratas. De hecho, a él ha acudido ZP. Veremos si nuevamente es el presidente francés quien tiene que defender los intereses españoles en África.
