preveía que se llegaría al 9,8 por ciento de paro en este año, la cifra de marzo ha alcanzado el 9,63, lo que apunta a que superará este año la barrera del 10%, con la novedad de que buena parte de estos parados serán inmigrantes, personas que viven en un país extranjero, sin las redes de seguridad familiares de las que, mal que bien, disfrutamos muchos españoles.
El problema es que se ha abandonado la reforma del mercado laboral. Una de las lecciones más básicas de la economía es que las barreras de salida suponen barreras de entrada. Cuando los empresarios deben contratar empleados sabiendo que les será difícil y caro despedirlos se retraen mucho más de hacerlo. España padece una de las regulaciones del empleo. Y ni siquiera nos permite sentirnos seguros en nuestros puestos de trabajo, la sempiterna excusa puesta por sindicatos y socialistas para dejar siempre para mañana el abaratamiento del coste de despido: la OCDE ha averiguado que cuanto más flexible es un mercado laboral, menos miedo sienten los trabajadores a ser despedidos. Es natural, porque saben que podrán encontrar toro empleo con relativa facilidad.
En España se estima que habrá que absorber 1,2 millones de trabajadores del sector de la construcción. Con una regulación más flexible se facilitaría su contratación en otros empleos; desgraciadamente, estarán mucho más tiempo en el paro de lo necesario y la crisis será más profunda y larga. Ya que a estas alturas es imposible evitar la crisis, sería deseable al menos suavizar las consecuencias y poner las bases para salir de ello lo antes posible. Pero no esperen que los sindicatos entren en razón ni que los socialistas intenten siquiera una reforma que pueda provocar una huelga. Lo que les interesa es el poder, no el bien de los españoles.
