Al igual que la esclavitud y otros fenómenos que se extienden de forma paralela a la sharia islámica en África y Oriente Medio, la piratería no ha hecho sino aumentar en las últimas dos décadas. Según los datos de la Oficina Marítima Internacional, un organismo no gubernamental dependiente de la Cámara Internacional de Comercio, la costa de Somalia y el cercano Golfo de Adén son las zonas del mundo donde se registra una mayor incidencia de este tipo de delitos. Hace pocas semanas, un yate francés fue secuestrado y su tripulación liberada tras el pago de un rescate. No obstante, el ejército galo pudo capturar a seis piratas en una incursión hecha en territorio somalí sin que esta acción haya desencadenado ninguna condena internacional.
Desde 2005, países como los Estados Unidos han hecho hincapié en la peligrosidad de las aguas somalíes en los informes y advertencias suministrados a sus compañías navieras. Sin embargo, a pesar de los llamamientos hechos por
la ONU y del esfuerzo llevado a cabo entre otras por las marinas norteamericana, francesa, belga y holandesa, los ataques se han incrementado debido a la situación de desgobierno existente en Somalia. A este respecto, resulta cuanto menos extraño que un país como España, cuyo Gobierno se jacta día sí día también de su compromiso con la paz, se haya negado a cooperar en esta empresa cuyo objetivo principal es garantizar el suministro de ayuda humanitaria a una de las regiones más pobres del mundo.
Por tanto, el secuestro el pasado día 20 del buque pesquero Playa de Bakio no es un hecho extraordinario. Lo que sí causa sorpresa es el secretismo que el Gobierno de España mantiene respecto a la naturaleza y alcance de las negociaciones que culminaron ayer en la liberación de los tripulantes del barco español. Conviene preguntarse por el precio pagado y si a partir de ahora las autoridades de nuestro país decidirán apoyar la lucha contra la piratería internacional. También si Moratinos y Chacón creen apropiado establecer un mecanismo de avisos a nuestros barcos o más bien eludirán la cuestión apelando a esa Alianza de Civilizaciones en la que ya se han gastado cientos de millones de euros, presuntamente camuflados como fondos de ayuda al desarrollo. Será que desde que Rodríguez Zapatero llegó al poder los pobres del mundo ya no se alimentan de comida, sino de ideología.
Así las cosas, el anuncio de que nuestra representación en
la ONU propondrá
"un mecanismo de disuasión y combate de la piratería en aguas del Océano Índico" llega tarde y mal. Un sistema así ya existe, sólo que Rodríguez Zapatero, probablemente repugnado por el liderazgo occidental del mismo, no ha querido unirse a él. Por otra parte, la pretensión española de que Somalia extradite a los piratas es de una ingenuidad sonrojante, al menos para cualquiera que posea un mínimo conocimiento de la situación política en el Cuerno de África.
En suma, no parece que la flota pesquera española deba albergar esperanzas de que el Gobierno vaya a hacer algo para proteger sus intereses, que en definitiva son los de todos, en las cada día más peligrosas aguas del Océano Índico. Una nueva muestra de la hipocresía, frivolidad e irresponsabilidad de una política exterior encallada hace años en el arrecife del delirio y la incompetencia.
En cuanto al comportamiento de la oposición, no parece que hasta ahora el Partido Popular haya caído presa de los cantos de sirena del neo-moderantismo tan en boga en los últimos tiempos. Esperamos que al menos en este asunto no se produzca un cambio de rumbo.
