Los que defienden que se obligue a los contribuyentes a subvencionar a los estudiantes universitarios casi nunca se molestan en ir más allá de la idea de que la formación es algo bueno. Y ciertamente le educación no es que sea buena, es que es muy buena. Pero como todas las cosas buenas, hay límites en cuanto a la cantidad adecuada si ésta se compara con los usos alternativos de los recursos que precisa.
En otras palabras, la formación no es algo bueno de forma categórica y en cantidades ilimitadas para todo el mundo, independientemente de su habilidad, intereses y ganas de trabajar. Tampoco hay una forma evidente de poner un límite arbitrario. Éstas son cuestiones que ningún individuo dado puede responder por la sociedad entera. Lo más que podemos hacer es que cada uno se enfrente a los costes que sus decisiones le imponen a otras personas que desean usar esos mismos recursos para otros propósitos y que están dispuestas a pagar por ellos.
Los que no son capaces de afrontar las duras alternativas impuestas por la realidad suelen buscar una salida en algún tipo de hada madrina (el Estado, o de forma más realista, los contribuyentes). Cuando se quiere que estos últimos toquen con su varita a ciertos grupos favorecidos de forma arbitraria por la intelligentsia, se usa a menudo a "los pobres" como escudos humanos detrás de los cuales se avanza hacia la meta. Pero ¿qué ocurriría con los pobres si el Estado no subvencionara las universidades?
Si se tomara en serio eso de ayudar a los pobres, y no se los tratara sólo como una mera excusa política, se podrían poner en marcha medios para comprobar y decidir quienes deben ser considerados pobres para así subvencionarlos sólo a ellos, y no a la ingente cantidad de personas que solicitan la generosidad estatal para hacerse con una parte del presupuesto, usando a los pobres como escudos humanos.
Otra opción sería permitir que los estudiantes firmasen contratos ejecutables en virtud de los cuales los prestamistas les pagarían la matrícula y los gastos universitarios a cambio de un porcentaje determinado de sus ingresos futuros. Así, los estudiantes emitirían acciones para aumentar el capital de la misma forma que hacen las empresas, en vez de limitarse a pedir dinero prestado y pagarlo en plazos fijos (esto último equivale a los bonos).
Este método no sólo eliminaría a los contribuyentes forzosos del problema, sino que además haría innecesario que los padres se empeñen hasta el cuello para que sus hijos vayan a la universidad. Además, los estudiantes más pobres del país podrían conseguir el dinero necesario para la universidad si cuentan con un buen expediente académico y una carrera prometedora con la que pagar dividendos por la inversión hecha por el prestamista.
Pero la consecuencia más importante es que este sistema haría que los futuros estudiantes universitarios afrontaran el coste total de todos los recursos que requiere una educación superior. Los que no se lo toman en serio (algo que incluye a un gran número de estudiantes, incluso de las mejores universidades) tendrían que retirarse y enfrentarse a las realidades del mundo adulto en el mercado de trabajo. Por otra parte, no habría tantos empleos que exigieran de título universitario si estos no se estuvieran dispensando a costa de otros.
Si la emisión de acciones personales le suena a algo imposible, lo cierto es que algo así ya se ha hecho. Los boxeadores de familias pobres son entrenados y promocionados por cuenta de sus managers a cambio de una parte de sus ganancias futuras. Algunos estudiantes también han obtenido el dinero para la universidad a cambio de una porción de sus ingresos futuros. Sin embargo, en el ambiente actual, que considera la universidad un "derecho", existe cierta resistencia a tener que devolver el dinero prestado cuando el título del prestatario se transforma en un gran sueldo.
Lo que resulta verdaderamente repugnante a muchos es que la emisión de acciones y bonos personales por parte de los estudiantes elimina al Estado y a la intelligentsia como prescriptores de lo que la gente tiene que hacer.
Es difícil ajustarse a la realidad. Lo mejor que podemos hacer es intentar que los ajustes sean hechos por quienes se benefician de ellos, y no intentar que sea el contribuyente quien tenga que realizarlos todos.
