Habitualmente, la figura del Fiscal General del Estado es siempre discutida. Su figura siempre es susceptible de ser utilizada por un Gobierno u otro en su provecho; de hecho es habitualmente la principal acusación contra ellos. Pero desde 2004, la figura del Fiscal General se inscribe en un proyecto general de cambio de régimen. Y este proyecto incluye la perversión institucional de las funciones de esta figura.
Durante la pasada legislatura, se vivió una profunda anomalía democrática cuando el Gobierno puso todos los resortes a su alcance para proteger el proceso de negociación con los terroristas. Para no romper los "vínculos de confianza" que Zapatero advirtió en 2006 que había que mantener con los terroristas pese a los asesinatos, se forzó a jueces, a fuerzas de seguridad y al resto de la sociedad a actuaciones inconfesables.
La actuación de Conde Pumpido durante la tregua de ETA hizo que se saltara los límites institucionalmente tolerables en un Fiscal General. Delitos flagrantes y conocidos cometidos durante la tregua de ETA pasaron desapercibidos para Conde Pumpido, que incluso fue más allá de la simple inacción: ordenó reducir la petición de pena para De Juana Chaos, permitió la presencia de los matones del PCTV y ANV en ayuntamientos e instituciones vascas y se dedicó a defender la legalidad de ANV con tanto ahínco como los dirigentes proetarras Todo ello impropio de un Fiscal General que lo que tenía que hacer es justo lo contrario; pedir dureza contra los criminales, pedir su expulsión de las instituciones y hacerles la vida imposible. Durante estos cuatro años, ni ha actuado como fiscal en el tema de ETA ni parece que se haya molestado en ocultarlo.
Anómalamente, durante la pasada legislatura, Conde Pumpido no creía que fuese necesario actuar siempre y en todo lugar contra los terroristas, pues todo dependía del momento oportuno. Su celo se reserva para enchironar a los conductores españoles, para tratar de manera diferente a los españoles en función de su género, o para tratar de echar el guante a los más críticos con el Gobierno de Zapatero. Su celo y su profesionalidad van por barrios; se puede permitir un mitin proetarra, pero no una portada de El Jueves. Así las cosas, de General tiene más bien poco; sus actos son selectivos, se dirigen a determinados ámbitos, contra determinadas personas y sólo contra supuestos delitos.
Que no se comporte como fiscal, sino a veces como abogado defensor de quien no debe, y que su actuación sea particular, selectiva y no general o universal, se debe a su ubicación en un proyecto político e institucional enfermizo. No exageran quienes hablan de un Fiscal General del Gobierno, porque es el Gobierno el que lo ha convertido en ariete de un nuevo proyecto. En el caso etarra, con su puesta al servicio de la negociación de ZP con ETA; en el caso de la violencia doméstica y los accidentes de tráfico, puesta al servicio del proceso de reeducación de la sociedad española; y lo mismo con su constante vigilancia de todos aquellos situados frente al proyecto político de Zapatero.
Su nombramiento no sólo es una mala noticia respecto al pasado. Muestra la actitud actual de Zapatero, y las pretensiones para esta legislatura. No sólo no hay cambio respecto a la anterior legislatura, sino que las patologías institucionales que ha introducido en el Estado se van a intensificar. El cambio de régimen se acelera, se profundiza y afecta aún más a las instituciones del Estado. Y el nombramiento de Conde Pumpido es el mejor ejemplo de ello. Mucho nos tememos que en los próximos cuatro años seguirá sin ser fiscal, sin ser general, y sin ser del Estado.
