Treinta años después de que ETA comenzara su campaña criminal contra España y los españoles, ayer un nutrido grupo de familiares de víctimas del terrorismo inauguraba un monumento a los 12 guardias civiles asesinados por ETA en uno de sus atentados más sangrientos, el que tuvo lugar en la Plaza de la República Dominicana de Madrid el 14 de julio de 1986. Fruto de la iniciativa popular canalizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), el acto de ayer debería ser el comienzo del fin de una situación escandalosa: la falta de un lugar donde los españoles puedan rendir homenaje a las casi 1000 víctimas mortales del terrorismo etarra.
Que estas personas hayan carecido hasta la fecha de un lugar donde puedan ser honradas con la solemnidad y la importancia requeridas dice mucho no sólo de la poca sensibilidad de la clase política de nuestro país, sino también del escaso espíritu cívico del que a veces adolece la cultura política de los españoles. Esperamos que este monumento, resultado de la protesta espontánea ante la concesión el año pasado de prisión atenuada al autor del atentado, Iñaki de Juana Chaos, sirva de estímulo a otros ciudadanos dispuestos a donar tiempo y dinero para recordar a los que en las últimas décadas han perdido su vida por el mero hecho de ser y sentirse españoles.
Por desgracia, España no es la única democracia cuyo pueblo y Gobierno deben enfrentarse a la lacra de la violencia totalitaria disfrazada de lucha por supuestos derechos históricos y agravios imaginarios. Sin embargo, y debido a la debilidad y cobardía de nuestros gobernantes, los españoles hemos carecido de los ritos y ceremonias que en otros países se realizan para reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo y exigir justicia. Al contrario, algunos políticos, intelectuales y artistas se han dedicado a acallar la voz de los damnificados por ETA, llegando incluso a afirmar de forma desleal e irresponsable que el terrorismo es una cuenta pendiente de la democracia. Como si la culpa no fuera de los criminales, sino de sus víctimas. Un caso de lacerante inversión moral que ha sido contestado por diversas organizaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo, Foro Ermua y DENAES, surgidas como respuesta a la vergonzante inacción de buena parte de los partidos políticos españoles.
A este respecto, cabe destacar la presencia en el acto de ayer de Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital, así como de otros políticos del principal partido de la oposición. Deseamos que la ocasión sirva para que la actual dirección de este partido desista de dar cualquier paso que debilite la firmeza y la coherencia con las que hasta ahora ha defendido a las víctimas del terrorismo contra quienes pretenden desterrarlas al olvido. Por otra parte, la ausencia de representantes del PSOE se suma a la larga lista de ofensas contra los asesinados, heridos y amenazados por ETA desde que Rodríguez Zapatero llegara a la jefatura de su partido. Sólo hay algo peor que la cobardía, la indiferencia.
