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EDITORIAL

Un Tribunal Constitucional sesgado

Es probable que en los procesos de renovación del TC y del CGPJ que se avecinan los socialistas ofrezcan al PP unas simpáticas y seductoras cartas marcadas. Esperamos que sepan resistirse

El fallecimiento del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Roberto García-Calvo, elegido por del Congreso de los Diputados a propuesta del PP en 2001, podría despejar algunos interrogantes sobre la decisión del tribunal ante leyes tan polémicas como el nuevo Estatuto de Cataluña. Recordemos que este magistrado fue una de las víctimas de la infame recusación promovida por el Gobierno tras la filtración interesada de su opinión sobre la extensión del mandato de la actual presidenta del tribunal, María Emilia Casas. Una maniobra artera y desleal que en nada ayuda a prestigiar una de las instituciones menos valoradas por los ciudadanos.

La consecuencia inmediata de la muerte del magistrado es que su sustitución tendrá que ser pactada al menos entre el PSOE y el PP, dado que el nuevo nombramiento requiere la aquiescencia de tres quintas partes de la cámara, 210 diputados. Puesto que García-Calvo fue propuesto por el ahora partido de la oposición, lo más lógico sería que los socialistas dejaran que fuera el PP el que nominase a su sucesor. Primera prueba de fuego tanto para el anunciado espíritu dialogante de Rodríguez Zapatero como para Soraya Sáenz de Santamaría. Veremos si el nuevo PP de Rajoy es capaz de defender su derecho a decidir o prefiere entregar en bandeja al PSOE una cómoda mayoría en el TC en aras de esa mal llamada unidad cuyo único fruto hasta la fecha es la desconfianza y el resquemor de buena parte de su electorado.

Por otra parte, la nueva composición del TC fruto de la ausencia de García-Calvo es claramente favorable al Gobierno y a sus magistrado afines, ya que basta con que cinco miembros del tribunal voten de acuerdo con los deseos del Ejecutivo (a estas alturas, el sentido del voto de calidad de la presidenta es algo altamente previsible) para que los socialistas consigan que el Estatuto de Autonomía de Cataluña sea convalidado.

Ante este panorama, muy negativo para quienes confiaban en que el TC actuase como freno al asalto a los principios constitucionales llevado a cabo por el PSOE y los nacionalistas, se suma la próxima renovación de los cuatro magistrados que corresponde elegir el Senado. En principio, la cuestión no tendría que revestir problemas, aunque el PP debe estar alerta ante vetos o tácticas dilatorias de última hora planteadas por los socialistas, y defender a los candidatos que considere idóneos con la firmeza que cabe exigirle.

Nada hace pensar que la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero vaya a caracterizarse por un mayor respeto a la Constitución que la primera. Al contrario, el programa electoral del PSOE está plagado de propuestas de muy dudosa constitucionalidad. Si a esto añadimos las medidas manifiestamente ilegales que propugnan los nacionalistas, es de esperar que las decisiones que el pleno del TC adopte en los próximos años tengan aún mayor trascendencia que las graves resoluciones aprobadas en los últimos meses. En las semanas que restan hasta el verano se decide la primera mano de una de las partidas políticas más importantes de la historia de nuestra democracia. Es probable que en los procesos de renovación del TC y el CGPJ que se avecinan los socialistas ofrezcan al PP unas simpáticas y seductoras cartas marcadas. Esperamos que sepan resistirse.

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