Está tan acostumbrado el Gobierno socialista a calificar de racista y xenófobo a cualquier Gobierno o formación política distinta al PSOE que sus miembros ya no son capaces de medir sus palabras sobre esa materia, tan habituados están a pronunciarlas. Así, De la Vega calificó las expulsiones de inmigrantes ilegales llevadas a cabo por el Gobierno Berlusconi de "actuaciones" que podían exaltar " la violencia, el racismo y la xenofobia". Ante el escándalo suscitado en Italia, reculó asegurando que se refería a otros incidentes, en concreto cierto episodios de violencia contra inmigrantes ocurridos en Nápoles. Pero el ministro de Trabajo ha insistido en acusar al Ejecutivo italiano de "criminalizar al diferente" para afirmar sin embargo que "un ilegal sólo puede tener como destino el retorno a su país".
Es decir, que según Corbacho, cuando su Gobierno y uno de derechas como es el italiano hacen lo mismo, el suyo lo hace bien todo y, en cambio, el otro es merecedor de los calificativos más acerados. No cabe mejor resumen de la política del Gobierno socialista en esta materia, centrada en el uso de la demagogia contra la oposición y la más completa ineficacia en la tarea que en teoría le compete, como es la de gobernar.
No obstante, es una buena noticia que el actual ministro de Trabajo no parezca tener intención alguna de repetir el grave error de la regularización masiva de Caldera y opte por la expulsión de los inmigrantes ilegales. Queda ver si pasa de las palabras a los hechos. Y no estaría de más que la oposición recuperara la que fuera una de sus promesas electorales de mejor acogida entre la población, el contrato de integración, y planteara una propuesta en el Congreso, para que el Gobierno tuviera que retratarse.
