La elevada exposición del sistema crediticio español a los créditos inmobiliarios debería constituir un serio motivo de alerta para el Gobierno acerca de la situación de la economía y las medidas que debería de tomar. Lo importante, en sí mismo, no es que las cajas de ahorros tengan un 70% del total de sus préstamos comprometido con los promotores y la banca un 50%, como advierte el Instituto Juan de Mariana en un informe reciente sobre el sector financiero español, sino si las propias entidades van a ser capaces de gestionar dicho riesgo de forma adecuada en un contexto de fuerte desaceleración económica y crecimiento del paro.
Las entidades crediticias se enfrentan a la posibilidad de un importante crecimiento de la morosidad, tanto de unas familias endeudadas hasta las cejas como de unas empresas, las inmobiliarias, sobre las que se cierne la sombra de la quiebra en muchos casos. Esa morosidad supondría que los préstamos no se devolverían, lo que obligaría a las entidades a tener que tomar medidas para sanear sus balances, entre ellas la restricción de un crédito tan necesario para que la economía española pueda remontar el vuelo cuanto antes. Pero lo peor de todo no es eso, sino si las propias entidades crediticias cuentan con los activos necesarios para poder sanear sus balances.
Evidentemente, tanto los bancos como las cajas de mayor tamaño poseen esa capacidad pero, aún así, pueden sufrir. El pasado viernes, sin ir más lejos, las agencias de calificación advertían de los riesgos para los accionistas de la gran banca española derivados de la posibilidad del impago de créditos. Pero el problema está en quienes no cuentan con ese tamaño.
Recientemente, Deutsche Bank advertía en un informe sobre los riesgos a los que se enfrenta la banca mediana española como consecuencia de la crisis crediticia. Según la entidad alemana, van a pasarlo mal y, sin duda, tendrán que efectuar importantes ajustes y restringir el crédito, tal y como ya está pidiendo el Banco de España. Las cajas de ahorros medianas también pueden sufrir, pero algunas de ellas cuentan con activos que poner a la venta para sanear su balance. Sin ir más lejos, la Caja de Ahorros del Mediterráneo acaba de desprenderse de su participación en Enagás, lo que contribuirá en gran medida a equilibrar su balance y sus riesgos. La inmensa mayoría de las cajas pequeñas, sin embargo, carecen de esa posibilidad al no tener activos que vender, lo que puede colocarlas en una situación de especial dificultad.
¿Cómo afecta todo esto a la economía? El aumento de la morosidad y las consiguientes dificultades para el sector financiero con toda probabilidad se traducirían en un frenazo del crédito que deterioraría todavía más la situación económica. Sería como una especie de segunda oleada de la crisis que pondría las cosas todavía más difíciles de lo que ya se están poniendo. No hay que descartar esta opción teniendo en cuenta cómo está subiendo el paro, lo que puede provocar la morosidad de las familias y cómo está cayendo la actividad empresarial, sobre todo en la construcción, lo que puede poner a muchas compañías al borde de la quiebra.
Entraríamos así en un círculo vicioso y muy peligroso: las empresas en dificultades no tienen crédito por los problemas de los bancos y las cajas, dejan de pagar sus préstamos, agravan las dificultades de las entidades crediticias, los préstamos se hacen más escasos y vuelta a empezar. Da igual que los proyectos que fueran a financiar bancos y cajas sean de iniciativa privada o pública, como el plan de vivienda de la Junta de Andalucía, que se ha quedado en el aire como consecuencia de los problemas de las cajas andaluzas. Si no hay dinero, no hay dinero; si hay que sanear, hay que sanear y no queda margen para hacer otra cosa.
La economía española, en consecuencia, se encuentra en una situación de franca debilidad, derivada de la excesiva concentración de riesgos crediticios en el sector inmobiliario, que está dando lugar a una escasez de crédito, en parte forzada, en parte deliberada para proceder a sanear las cuentas, que puede tener repercusiones bastante negativas para la actividad productiva y el empleo, sobre todo teniendo en cuenta que España es el segundo país industrializado con mayores necesidades de financiación exterior. Buena parte de estos problemas podrían haberse evitado si hubiera habido política económica durante la pasada legislatura, pero ésta brilló por su ausencia. Los males, por tanto, ya no se pueden evitar, pero sí suavizarse si se empieza a tomar medidas ya.
