Tras la pasada legislatura, la capacidad de sorprenderse con este Gobierno –casi siempre para mal– es más bien escasa. Sin embargo en pocas ocasiones se ha asistido a una falta de coherencia y a un cambio de postura cuya enorme rapidez sólo es superada por la falta de respeto a los consumidores a la economía en general.
El mismo Gobierno que justo antes de las elecciones descartó la antipopular e inflacionista subida de la luz prevista para el segundo trimestre, ve ahora "razonable", en palabras del ministro Sebastián, una subida de nada menos del 11,3% de promedio de la tarifa eléctrica.
Esta subida es una propuesta para la revisión de tarifas de julio que establece la Comisión Nacional de la Energía, el órgano regulador y supervisor que siendo en teoría independiente del Gobierno, en la práctica –y sólo hace falta remontarse a la operación de asalto a Endesa– hace la función de cabeza de turco de las decisiones gubernamentales descargando al ejecutivo de responsabilidad. Es la CNE quien propone al Gobierno las subidas de forma trimestral con lo que, además, es más que probable que este 11% para julio se repita posteriormente en los siguientes trimestres.
Resulta tremendamente paradójico e incoherente que el mismo Gobierno que contradijo al ministro Clos por pretender subir las tarifas –a la vez que negaba que ello fuera por razones electoralistas– pretenda hacerlo ahora tras las elecciones y con el mayor incremento en 20 años sin que ni siquiera vaya a ser el último en este año. De hecho ya el 1 de enero del presente año las tarifas se incrementaron en un 3,3% con lo que el aumento en lo que va de año es de casi el 15%.
La medida se pondrá en marcha en el peor momento posible. Con una situación crítica de destrucción de empleo, una inflación descontrolada y una mermada renta familiar disponible. Resulta increíble que el Gobierno opte por perjudicar aún más a las familias más necesitadas. Igual que hace un año era un error subir las tarifas, pretender hacerlo ahora, con más parados, con ralentización económica y con una inflación desbocada, es simplemente un despropósito y la demostración de lo alejado que está este Gobierno de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. Éstas últimas también perderán competitividad y, forzosamente, trasladarán estos incrementos en costes a sus precios generando aún más inflación.
Así pues, tendremos unos precios de la electricidad que se van a disparar y que crecerán mucho más que los salarios de los españoles.La razón que aducen la CNE y Sebastián: el aumento del déficit de tarifa. Lo que no puede servir de excusa sino, al contrario, prueba palpable de la nula capacidad de anticipación del Gobierno, y su responsabilidad por no haber elaborado una estrategia energética a largo plazo. Lo que por otra parte no es de extrañar, ya que durante la pasada legislatura Sebastián, en lugar de abordar estos problemas, se dedicó personalmente a favorecer el asalto político a la primera empresa generadora de electricidad y su paso a manos extranjeras. La OPA del Gobierno y los italianos a Endesa al final nos va a salir muy cara.
Desde esta y otras tribunas se ha alertado de la necesidad de elaborar una planificación básica con vista a 30 años que garantice un suministro energético, seguro y estable. La solución no pasa por subir la tarifa sino por eliminar el regímen oligopólico actual, por introducir la competencia efectiva y, sobre todo, por entender y explicar que, hoy en día, energía barata, segura y limpia es equivalente a energía nuclear.
