Desde hace unos meses, justo desde que el temor a una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña desfavorable saltara a los medios de comunicación, se han producido un sinfín de declaraciones intimidatorias de líderes políticos y mediáticos del nacionalismo catalán que han calado como lluvia fina para terminar conformando la opinión pública de Cataluña.
Curiosamente, uno de los primeros líderes nacionalistas en hacerlo fue Artur Mas, de CiU. Ya entonces la idea era clara. Primero: la legitimidad del Estatuto residía en su aprobación por el Parlamento de Cataluña (89% de diputados) y en el referéndum catalán. Como nación, Cataluña ha determinado ya su posición y ésta ha sido favorable (recordemos –porque ellos no lo hacen– que fue votado por un escaso 48 % de los votantes y sólo el 36% lo hizo afirmativamente; curiosa disparidad representativa entre la opinión de los diputados y la de los ciudadanos). Segundo, fue además aprobado por las Cortes españolas (este argumento se dice con la boca pequeña porque no quieren dar legitimidad a nada que provenga del Estado). Y tercero y más importante, el Tribunal Constitucional carece de legitimidad moral y política para emitir una sentencia sobre un Estatuto por dos razones: porque el pueblo de Cataluña ya se ha pronunciado y porque sus miembros están al servicio del PP y del PSOE, o sea, de España.
Este resumen de argumentaciones que lenta e inexorablemente van calando en la ciudadanía catalana a través de informativos, debates de radio y televisión, artículos y titulares de periódicos e intervenciones parlamentarias, son utilizadas para chantajear al Gobierno de la nación y forzar la voluntad de los miembros del Tribunal Constitucional. No es la primera vez que lo hacen y lo consiguen, la última vez, con la ley de política lingüística de 1998.
Advertía el pasado 19 de mayo Ernest Benach, de ERC y presidente del Parlamento catalán, que si el Tribunal Constitucional "llega a tocar alguna parte del Estatuto catalán habrá una crisis muy importante entre el Estado y Cataluña". Esta era la culminación de un sinfín de declaraciones descalificadoras iniciadas a partir de la recusación del magistrado del Alto Tribunal, Pablo Pérez Tremp por haber participado indirectamente en la elaboración del Estatuto de Cataluña. En aquella ocasión el propio presidente Montilla acusó al PP de "instrumentalizar" al Tribunal Constitucional para "ganar en los tribunales la batalla contra el Estatut que no pudo ganar en las urnas ni en las Cortes". Y Artur Mas añadió: "Estamos en un momento muy grave de la politización de la justicia española".
El de CiU advierte ahora: "El Constitucional tiene todo el derecho y la libertad para hacer la sentencia que quiera... pero igual que el Constitucional tiene ese derecho, las instituciones catalanas y el pueblo catalán también tienen derecho a plantear salidas a una situación absurda que no aceptamos." (Parece ser que por el mero hecho de ser catalán tienes derecho a saltarte la ley.) Y termina amenazante con este tejerazo semántico: "España y Cataluña tendrían un grave problema, porque este Estatut salió democráticamente, pacíficamente y legalmente". Lo dicho, o sentencias lo que me conviene o rompo la baraja. La bravata bucanera pasa por alto que cualquier decisión democrática no lo es porque formalmente lo sea, sino porque esté sujeta a derecho. Y mientras no se demuestre lo contrario, el Tribunal Constitucional está precisamente para garantizar que cualquier decisión o disposición normativa o legal ha de estar de acuerdo con la ley de leyes, o sea, la Constitución. (Mala defensa podría tener, por ejemplo, la decisión de la asamblea de un club de fútbol por más que se llegara a ella por mayoría democrática de sus socios, si votaran por dejar fuera de la junta directiva a las mujeres, por el hecho de ser mujeres.)
Yo le recomendaría a Montilla, Benach, Artur Mas, etc. que pidan la supresión del Tribunal Constitucional en nombre del pueblo catalán. Sería una contribución decisiva a la historia del derecho.
Con este tipo de técnica homeopática para curar del mal hispano a la ciudadanía catalana, el desprestigio de las instituciones democráticas está asegurado. El problema es que cuando sea generalizado y sean también golpistas los que no piensan como los nacionalistas, quizás echen a faltar las reglas del juego democrático que ahora les permiten chulearnos sin consecuencias. Y entonces comprenderán que nunca como ahora están garantizados los derechos de todos en España como con la Constitución democrática del 78 que combaten.
Y no se piensen que se conforman con desprestigiar al Constitucional. En realidad combaten a todo aquello que tenga como finalidad la universalidad de los derechos en España. Por ejemplo, a propósito de las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, anunciando la reforma electoral que Izquierda Unida, Ciudadanos o Rosa Díez han reclamado por activa y por pasiva, Artur Mas ha advertido que la consideraría "una declaración de guerra". Sin comentarios.
