La ventaja de que el jefe de opinión de Libertad Digital tenga la amabilidad de publicar los escritos que le mando es que una queda retratada y que el personal ya sabe lo que pienso sobre algunas cosas. Mi producción es limitada y al pie de estas líneas tienen ustedes un listado de mis mejores artículos, y también de los peores. Así que si quieren saber lo que opino sobre el pacto con los partidos nacionalistas, a ellos me remito. La mejor definición de lo que está pasando con el PP y los pactos con los nacionalistas a moderar, la dio Juan Carlos Girauta en este mismo periódico: quién apoya al PP en el País Vasco o en Cataluña no lo hace porque el recibo de la luz haya subido un once por ciento.
Y al hilo de esto me parece que la enmienda de Aleix Vidal-Quadras es una buena noticia. Va en la misma línea que propuestas similares de Rosa Díez y Ciudadanos sobre educación y la ley electoral. Realmente, muchos artículos de la Constitución relativos a la distribución territorial se refieren a la forma de acceso a la autonomía y, por tanto, una vez creadas y constituidas, el régimen debería ser el mismo para todas. Lo otro es el federalismo asimétrico o, más que autonomías, categorías. Pasa lo mismo que con los derechos civiles especiales o forales. La Constitución autoriza la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles allí donde existieran –Cataluña, Aragón, Galicia, País Vasco, Baleares, Navarra y el Fuero de Baylío, en Extremadura–. Pero una vez conservado, modificado y desarrollado el derecho civil propio, si Cataluña legisla sobre algo tan poco histórico como la propiedad horizontal, Castilla y León también debería poder hacerlo. A no ser que exista algún mecanismo jurídico que ponga límite y diga que con una ley de propiedad horizontal para todos hay suficiente. O que lo diga el Tribunal Constitucional, si fuera un órgano compuesto por juristas independientes, como debería.
Por eso, también me parece muy bien lo que ha dicho Miquel Roca: los magistrados del Tribunal deben dimitir porque nadie se cree que sean independientes. Cualquiera que sea el contenido de sus sentencias, existe la sospecha de que el Tribunal Constitucional reproduce las mayorías del Congreso. Todo el mundo da por hecho que los magistrados del Tribunal Constitucional son políticos que ocupan el cargo por su condición de juristas. Es curioso que lo que pasa en el mundo jurídico no pasa en otras profesiones; no hay veterinarios conservadores o mecánicos progresistas.
El señor Roca hizo ese comentario en previsión de una sentencia levemente desfavorable para el Estatut. Lo que sucede es que Miquel Roca se comporta con un cinismo zapaterino –no he firmado el pacto del Tinell, ni lo conozco– y con bastante rostro. Al señor Roca nunca le importó que el Tribunal tuviera una composición mayoritaria de nacionalistas y socialistas cuando le han favorecido sus sentencias, como con la Ley del Suelo o la primera ley de política lingüística. Desde siempre, en el Constitucional no ha tenido valor la habilidad de los abogados, sino el sesgo de los magistrados. Miquel Roca tiene razón, pero poca autoridad y, con todos los respetos, mucha cara.