A las cero horas de este lunes comienza una huelga indefinida convocada por dos de las tres principales asociaciones de transportistas. El motivo del paro es el aumento de los costes y la paulatina disminución de la rentabilidad de las actividades de estos trabajadores. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, estas dificultades han llevado a 39.000 transportistas a cesar en su actividad en los primeros meses del año. Un dato altamente preocupante que en principio justificaría la protesta o incluso el paro si se trata de trabajadores por cuenta propia.
Sin embargo, no creemos que las medidas propuestas por las diferentes organizaciones de transportistas sirvan para paliar la crisis. Así, ni el establecimiento de precios mínimos obligatorios ni la prohibición de despidos, y menos aún el aumento de las subvenciones a las jubilaciones anticipadas, son iniciativas positivas. En tiempos de crisis es frecuente que algunos grupos busquen en el Estado un colchón que les permita transferir sus pérdidas a otras personas. Sin embargo, esta política no sólo es contraproducente, sino que puede originar una peligrosa espiral de reivindicaciones inasumibles y conflictos sin salida que además quebrantaría la necesaria neutralidad del Estado.
Más que reclamar una renta adicional, los transportistas deberían concentrar sus esfuerzos en exigir al Gobierno la mejora de las injustas condiciones fiscales que sufren todos los autónomos y el cumplimiento de las leyes de inmigración, ya que la contratación de ciudadanos extranjeros carentes de permiso de trabajo y de calificación profesional es un riesgo para todos. En cuanto a la Administración, ésta debería haber aprovechado los años de bonanza económica para llevar a cabo una política de desregulación de éste y otros sectores. Tampoco el Partido Popular, que en las últimas horas ha manifestado su apoyo a las exigencias de los transportistas, ha estado a la altura de las circunstancias.
Por otra parte, el bloqueo de carreteras y el sabotaje de actos como la inauguración de la Expo de Zaragoza son acciones inaceptables, ya que constituyen una vulneración de derechos ante la que las Fuerzas de Seguridad del Estado deberían tomar todas las medidas necesarias. Ningún conflicto laboral justifica el recurso a la violencia o la conculcación de la libertad de movimiento de los ciudadanos. Por tanto, esperamos que el Ministerio del Interior actúe con el rigor que cabe esperar en un Estado de Derecho y que las amenazas formuladas ayer por algunos sindicalistas no se hagan realidad.
Desde hace ya demasiado tiempo el presidente del Gobierno viene haciendo oídos sordos a quienes desde distintos ámbitos alertaban sobre las nefastas consecuencias de su inacción ante la crisis que se avecinaba. A su parálisis anterior y a las falsedades que caracterizaron la campaña electoral del PSOE se une ahora un posible estallido social de efectos nefastos para la economía española. Rodríguez Zapatero debería quitarse la venda de los ojos y afrontar la situación antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, la oposición debe renunciar al electoralismo y denunciar la demagogia del Gobierno. Sería conveniente que algunos dejaran los juegos florales para mejor ocasión y se pusieran a trabajar. Ya hemos perdido bastante tiempo.