Por segundo martes consecutivo, los sindicatos han dejado "en negro" la emisión de Telemadrid. Una vez más, las exigencias desorbitadas de unos pocos perjudican a una mayoría ajena a los problemas que puedan tener los trabajadores de la televisión pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. En época de crisis, estos privilegiados pretenden disfrutar de aumentos del 15 por ciento y una semana más vacaciones. Si el Gobierno de Esperanza Aguirre cediera, quienes deberían protestar, y con razón, serían los madrileños.
Tan exorbitadas resultan sus exigencias que no cabe sino concluir que lo que realmente molesta y solivianta a los huelguistas no es otra cosa que la existencia de una televisión pública que escape a su control. De ahí sus continuas protestas por la "manipulación" del ente público, una televisión que, comparada con las que emiten en comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, es un prodigio de pluralidad y objetividad. La estrategia de los socialistas y sindicatos es clara: el acoso y desgaste de Esperanza Aguirre, una de las escasas dirigentes populares que ha demostrado no resignarse a la supuesta superioridad moral de la izquierda.
Por otro lado, en un mundo en el que el acceso a los medios de comunicación es casi ilimitado, carece de sentido mantener como servicio público una cadena de televisión que, en su ámbito y temática, ya está cubierto por otras empresas dispuestas a arriesgar su capital y no el de los ciudadanos. Sin circunscribirnos al caso madrileño, especialmente porque es la televisión pública con menor deuda, éste es un mal del que adolecen todas las televisiones públicas sean locales, autonómicas o nacionales. Por ello, y de forma reiterada, no dejaremos de abogar desde esta tribuna por la privatización de unos medios de comunicación pagados por los ciudadanos para que los políticos dispongan de ellos a su antojo.
En cualquier caso, no deja de tener razón el Partido Popular al relacionar la ofensiva sindicalista con una estrategia política orquestada desde los despachos de Ferraz. Son conocidos los vínculos históricos y orgánicos que relacionan a algunos sindicatos, como UGT, con el Partido Socialista. No obstante, y aunque sólo sea por aquello del propósito de enmienda, los populares deberían darse cuenta de que muchos de estos males son producto de sus propias acciones u omisiones. Durante los ocho años de Gobierno Aznar, el PP no llegó a desarrollar la ley orgánica que, por mandato constitucional, debería regular el derecho a la huelga para su correcto y efectivo ejercicio. Tampoco han hecho ni hacen nada los populares por dejar de subvencionar desde las diferentes administraciones públicas en las que gobiernan a las correas de transmisión que le hacen el trabajo sucio a los socialistas. Unos pecados políticos cuya penitencia ahora le toca sufrir a Esperanza Aguirre.