El temor irracional a los inmigrantes ha tomado por asalto Europa como antes había tomado a Estados Unidos. No otra cosa significan las nuevas disposiciones contra la inmigración que adoptó el Parlamento Europeo. Consideradas en conjunto, esas disposiciones sugieren que Europa se bunkeriza en respuesta a la imparable ola migratoria que está cambiando su fisonomía. Las medidas merecen la condena universal que han recibido de grupos de derechos humanos, gobiernos democráticos y organismos internacionales. Excluyo de esa lista, sin embargo, a los nuevos caudillos latinoamericanos, que han sido los que han protestado con mayor estridencia. Esos personajes de opereta carecen de moral para reprocharle a Europa que se niegue a continuar abriéndoles los brazos a las legiones de fugitivos que ellos mismos generan con sus ineptas políticas excluyentes, persecutorias y abusivas.
Gobiernos europeos conservadores y de tambaleante popularidad, como el de Silvio Berlusconi en Italia y el de Nicolás Sarkozy en Francia, llevan la voz cantante en la promoción de las severas normas anti-inmigrantes. Las más denigrantes son la que autoriza a detener a los indocumentados durante 18 meses y la que resta énfasis a la reunificación familiar para dárselo a la inmigración basada en las necesidades económicas de los países receptores. Estas dos disposiciones por sí solas anularían de un plumazo la tendencia hospitalaria con que Europa había tratado a los inmigrantes en las últimas décadas. Y los convertiría en puras mercancías destinadas a cubrir las necesidades materiales de los europeos.
Europa, desde luego, tiene derecho a mantener fuera de sus fronteras a elementos indeseables. Esto es especialmente importante en momentos en que el extremismo islámico la ha hecho blanco de su furia nihilista. Pero análisis de expertos señalan que puede lograrlo sin recurrir a acciones contraproducentes y de dudosa legitimidad. Incluso la propia Comisión Europea concluyó que la región necesitará entre 50 y 110 millones de inmigrantes en el próximo medio siglo para compensar el envejecimiento progresivo de la población continental. De más está advertir que, de consolidarse, las nuevas normas frenarán ese deseable proceso de renovación.
Dicho esto, merecen reseña aparte la desfachatez y el cinismo con que los nuevos caudillos latinoamericanos, responsables de tantos abusos, miseria y éxodo desesperado de sus países se han dedicado a anatematizar a los europeos. El nicaragüense Daniel Ortega calificó de ''terrorista'' la normativa migratoria que aprobó el Parlamento Europeo. Acto seguido tildó de ''moscas'' a las naciones de cuya generosidad sobrevive la maltrecha economía de Nicaragua. El boliviano Evo Morales, librando siempre batallas reales o imaginarias, convocó a otra contra Europa. El ecuatoriano Rafael Correa amagó con suspender el diálogo comercial con los europeos, sin preocuparse de que esto pueda ahondar la pobreza del ya indigente pueblo de Ecuador. Y el venezolano Hugo Chávez, fiel a su política de chantaje petrolero, amenazó con dejar de enviar petróleo al viejo continente y con retirar de allí las inversiones de Venezuela, de las que evidentemente se siente amo y señor.
Ha hecho bien la Organización de Estados Americanos al convocar una sesión especial para discutir la directiva europea contra los inmigrantes. América Latina debe plantear a través de ella un diálogo con la intención de disuadir a los europeos, que en definitiva también se verían perjudicados por las medidas recién adoptadas. Sin embargo, para ser consecuente, la OEA debería plantear otro diálogo amplio entre latinoamericanos con el fin de buscar paliativos al éxodo masivo de la región. Un diálogo así tendría que tratar con franqueza las causas políticas, sociales y culturales de la miseria y los maltratos y vejaciones que padecen a diario millones de latinoamericanos, los cuales, como último recurso de supervivencia, se ven empujados a abandonar su tierra natal.