Calificar de "caradura" a alguien que, como Iñaki de Juana Chaos, es el autor de 25 asesinatos, puede no ser muy pertinente. No obstante, y por mucho que su desfachatez sea pecata minuta comparada con su condición de irredento criminal, no deja de ser también uno de sus rasgos más característicos. De Juana ha vuelto a poner en evidencia esa desfachatez, a tan sólo unas semanas de disfrutar su injusta puesta en libertad, al anunciar su enésima huelga de hambre, esta vez para protestar por lo que considera una "inaceptable campaña mediática, de intoxicación y de presión" sobre su familia y él mismo. En realidad, lo que quiere hacer este criminal caradura es poner una cortina de humo sobre las investigaciones que tratan de esclarecer si él y su esposa cometieron un delito de alzamiento de bienes para no tener que hacer frente a las indemnizaciones que este asesino en serie debe pagar a sus víctimas.
Como saben los lectores, el futuro domicilio del terrorista pertenecía a su madre, quien se lo donó a una hija en 2004, presumiblemente para evitar que la parte que le hubiera correspondido a él en herencia pudiera ser embargada. El año pasado, el piso fue adquirido por su esposa, suscribiendo una hipoteca de 360.000 euros concedida por Caja Laboral, del Grupo Mondragón. La Fiscalía ha pedido que se impida de forma "inmediata y preventiva" la venta del piso, mientras solicita una certificación de la propiedad, de las sucesivas transmisiones y de las cargas que tenga en la actualidad. Además, la fiscalía pide una copia del préstamo hipotecario concedido a Aranzabal por la Caja Laboral, y que la Policía Judicial investigue tanto las garantías prestadas por la esposa del etarra para lograr el crédito como si los pagos, efectivamente, se han venido realizando. Si tenemos en cuenta que su esposa está a sueldo de Etxerat, la asociación de familiares de los presos terroristas, cuesta creer que su nómina en esta organización sea tan abultada como para hacer frente a semejante hipoteca.
En cualquier caso, también debemos tener presente que, junto a las posibles maniobras de este asesino y de su abnegada esposa para eludir las indemnizaciones a sus víctimas, se da la circunstancia de que en el mismo bloque en el que pretende vivir la pareja residen dos familiares de víctimas de ETA. Dada la acreditada renuencia de De Juana Chaos a consumar hasta el extremo sus recurrentes huelgas de hambre, es muy probable que tampoco esta última evite a los familiares de las victimas su repugnante presencia en el vecindario. Se repetirá así la humillante situación que padece Pilar Elías, quien tiene que toparse como vecino al asesino de su marido.
De la misma forma que los jueces dictan órdenes de alejamiento en casos de separaciones y de maltrato, nuestro Estado de Derecho debería aplicar fórmulas para mantener a los terroristas alejados de sus víctimas, una vez concluido su internamiento carcelario.
Finalmente, y por oportuna que haya sido esta vez la actuación de la Fiscalía, no debemos olvidar que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo son responsables de una injusta reducción de pena como la que tuvo lugar durante el mal llamado proceso de paz, y que redujo de doce a tres años de prisión la petición de pena para De Juana por la amenazas terroristas que perpetró desde la cárcel. El lamentable espectáculo que padecemos con la puesta en libertad de De Juana Chaos no deja de ser una secuela más de esa infamia que se arropó –y se volverá a arropar– como "proceso de paz".