¿Y ahora qué? El Tribunal Europeo de Justicia acaba de declarar ilegal el decreto anti- E.On, como era lógico, porque vulnera la libertad de circulación de capitales, uno de los pilares básicos de la Unión Europea, justo en unos momentos en los que España necesita, ante todo, restaurar la confianza de los mercados financieros en nuestro país. La sentencia, desde luego, no ayuda precisamente a alcanzar este objetivo pero, por desgracia, es lo que el Gobierno de Zapatero se ha buscado.
El decreto anti-E.On fue aprobado por el Ejecutivo para impedir que la eléctrica alemana se hiciera con Endesa cuando aún estaba viva la OPA de Gas Natural, la que contaba con el respaldo de Moncloa en parte para desplazar a Manuel Pizarro de la presidencia de la eléctrica española, en parte como cumplimiento de uno de los puntos del Pacto del Tinell –suscrito por los socialistas catalanes, ERC e Iniciativa per Catalunya para gobernar en la Generalitat– que decía que Cataluña tenía que tener una empresa eléctrica.
Con dicho instrumento legal, el Gobierno ampliaba los poderes de la Comisión Nacional de la Energía para impedir que los alemanes fueran los próximos propietarios de Endesa y la CNE actuó en consecuencia. El problema es que el Tratado de Roma reconoce cuatro libertades económicas básicas, entre ellas la de movimiento de capitales, y lo que hizo el Ejecutivo y ahora reconoce Luxemburgo fue violentar dicha libertad, más aún teniendo en cuenta que no se hizo por razones estratégicas, o sea, para preservar la españolidad de la compañía, sino porque E.On tenía el apoyo tanto de la canciller alemana Angela Merkel, que no es muy del agrado de Zapatero, como del Partido Popular. Fue todo, desde el principio, una operación política, y no otra cosa, pero con resultados muy distintos a los que Zapatero esperaba.
Hoy Endesa no es, ni mucho menos, propiedad de Gas Natural, sino de un tándem altamente inestable, el de Acciona y la empresa pública italiana Enel, que anda a tortas entre sus miembros. Enel es la accionista mayoritario de referencia, con lo cual no hay españolidad de la compañía ni nada que se le parezca, por mucho que su presidente sea el de Acciona, es decir, José Manuel Entrecanales. Ambos socios están a la greña desde hace tiempo, con los italianos queriendo librarse como sea de los españoles adelantando la ejecución del pacto suscrito entre ambos por el cual Acciona se quedaría con el negocio de renovables y parte de las centrales hidráulicas y Enel con todo lo demás.
Dicho sencilla y claramente, el divorcio entre los antaño aliados contra E.On va a terminar, como se temía y era previsible, con el desmembramiento de una compañía que costo años y mucho dinero público levantar y que lo que hoy necesita para poder competir en el mundo global y aprovechar las oportunidades que se abren a las eléctricas en todo el mundo es justo lo contrario. Con los alemanes, sin duda, nada de esto hubiera pasado y Endesa tendría ante sí un futuro muy distinto y más prometedor.
Esta no es, sin embargo, la única factura que hay que anotar en el haber de Zapatero. También está la relativa a la pérdida de confianza de los mercados internacionales. Con la que está cayendo, los inversores no se fían de nuestro país. De hecho, recientemente, el Tesoro no pudo colocar la última emisión de deuda pública española, pese a considerarse un activo muy seguro, precisamente por la desconfianza que suscita la economía española tanto en términos macroeconómicos como a raíz de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa.
A estos elementos negativos ahora hay que unir la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que, con toda seguridad, no va a pasar desapercibida para muchos. Los países de más éxito económico son los que más protegen los derechos de propiedad. Estados Unidos es el paradigma más claro de ello y se beneficia de un aluvión constante de inversión extranjera no solo por la protección efectiva de esos derechos sino, incluso, porque pone todavía más énfasis en dicha protección cuando se trata de derechos de compañías extranjeras.
Aquí, en cambio, esa protección deja mucho que desear, como recoge en los últimos años el Infome sobre la libertad económica en el mundo. El Gobierno violentó los derechos de los accionistas de Endesa cuando pretendió que Gas Natural se quedara con ella a un precio ridículo y pagando el 65% del mismo en acciones y después hizo lo mismo con los de E.On, cuya oferta era sensiblemente muy superior, por las razones antes expuestas, incapacitándole para responder de forma adecuada a los movimientos de Enel y Acciona.
Con ello perdieron los accionistas, que, a pesar de que obtuvieron un buen precio gracias a las gestiones de Manuel Pizarro, podrían haber logrado uno todavía mejor de haberse permitido a los alemanes responder adecuadamente cuando, de entrada, podían subir la apuesta a 45 euros por acción, o más de haber sido necesario, frente a los 41 pagados por Enel y Acciona. E.ON, por supuesto, también perdió, aunque solo en parte porque al final ha conseguido activos de Endesa. Pero quien ha perdido, sobre todo, es la economía española, que sufre una nueva merma en la confianza de los inversores internacionales en unos momentos en los que ésta es del todo punto necesaria con el fin de obtener financiación.
Decía recientemente el muy influyente The Wall Street Journal que España era campeona de Europa de fútbol, y de todo lo demás. En ese todo lo demás hay que incluir también en desconfianza y en desprotección de los derechos.