"Es un caso de injusticia terrible. Pasará a la historia como un caso de los "crímenes" de la Justicia" más flagrantes de la historia reciente española." Eso fue exactamente lo que me dijo un extraordinario jurista español, cuando le fui a contar cómo habían expulsado de su cátedra a un profesor de la universidad española a través de una sentencia del Tribunal Constitucional de la que fue ponente una famosa socialista. El reconocido administrativista, que conocía el caso tan bien como muchos otros de sus colegas que se habían preocupado del asunto –no en balde se habían publicado más de 200 artículos sobre el caso–, me reconoció que apenas podía hacerse nada ante tamaña injusticia. Si hubiera conocido antes el asunto, lo habría incluido en su libro que estaba a punto de salir publicado sobre los casos más injustos de la justicia española del último siglo.
Les cuento esta pequeña historia personal para que no crean que uno habla desde la cátedra y sin experiencia de vida. Por supuesto, no creo en modo alguno que para hablar del derecho y la justicia en España haya que haber pasado previamente por un infierno semejante, pero reconozco que aclara mucho los conceptos a quien tenga que hablar sobre el sufrimiento que acarrean determinadas sentencias. Cuando uno ha pasado, o simplemente ha intuido, el dolor que puede crea el llamado "derecho" y la "justicia", entonces las cosas se ven de otra manera. Es la experiencia de la nada, nada, nada de San Juan de la Cruz. El sufrimiento que el ámbito del derecho en general, y la justicia en particular, han infligido en los últimos tiempos sobre los españoles es de tal dureza que deberíamos tomarnos con tranquilidad escéptica lo que salga de los tribunales de Justicia.
Por eso, ni creí que la primera sentencia sobre el 11-M aclarase asuntos clave del atentado terrorista ni tampoco ahora considero que la sentencia del Supremo cierre nada sobre el particular. Los cierres, en todo caso, son políticos e interesados para el único actor beneficiado de la masacre: el PSOE. Si la primera sentencia era enmarañada y torticera, la segunda ofrece una "contundencia indolente" de la que tenemos que precavernos. En efecto, bajo la apariencia de mesurada y limitada, por ser una "mera" sentencia de casación, creo que "legitima" y que confirma dudas y errores que estaban en la primera.
¿Hay novedades de la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a la anterior? Claro que las hay y, a veces, significativas, sobre todo para el caso de uno de los que se consideraban autores intelectuales y también para los que han sido absueltos después de pasar unos años de condena. Pero no es eso ahora lo que más me preocupa, aunque lo analizaré en otra ocasión, sino en la obsesión por elevar a absoluto esa decisión judicial. Me parece que previo a esa evaluación es menester bajar del pedestal a la institución del Derecho. Por eso, me afirmo en una idea del Derecho, por otro lado, extraída de los grandes juristas españoles que no pasa del "racionalismo escéptico". En verdad, creo que excepto algún dogmático sin cura, resulta difícil hallar juristas honestos en España que no reconozcan que el Derecho, desde el punto de vista científico, no pasa de ofrecer a la sociedad un aleve saber, o doctrina precaria, incapaz de asentar las bases de una sociedad con cuajo moral. Tampoco, desde el punto de vista de la seguridad, conseguirá asegurarnos una seguridad contingente; y, por supuesto, la legitimidad jurídica siempre está amenazada desde la óptica filosófica o explicativa de sí misma. Por lo tanto, quien le conceda demasiado a la institución del Derecho caerá fácilmente en la melancolía, o peor, en el absolutismo totalitario que le concede a ese saber la última y, a veces primera palabra.
En fin, quien se haya tenido que ver alguna vez con la justicia española, o sencillamente quien analice la historia reciente de nuestros tribunales de justicia, se topará con la auténtica realidad, a saber, la falta de rigor, sensatez y sentido común de miles de sentencias, que son más propias de sociedades desquiciadas y regímenes políticos convulsos que de una democracia de baja calidad como se tiende a interpretar la nuestra. Por eso, precisamente, se equivocan quienes quieren cerrar con esa sentencia el mayor atentado terrorista de la historia de España. En otras palabras, la sentencia del Supremo, sobre el 11-M seguramente es definitiva, especialmente para quienes se conforman con la reducción de la justicia a la facticidad del poder, pero está lejos, muy lejos, de asemejarse a un Estado de Derecho en permanente construcción.