Como lleva ocurriendo hace décadas, tras el último desafío del PNV a España y su atajo inicial por parte del Tribunal Constitucional, ETA, que a través del PCTV apoyó la iniciativa secesionista de Ibarretxe, vuelve a intentar amedrentar a los españoles y a tratar de torcer la voluntad del Gobierno mediante una campaña de terror. Los peores augurios, una peculiar aportación terrorista al separatismo en el momento en que éste más lo necesita, se han cumplido.
Los últimos atentados coinciden además con dos hechos que han provocado el escándalo y la indignación de la opinión pública. La inminente liberación de De Juana Chaos y la próxima de Arnaldo Otegi. Esta vez el Gobierno parece haber escuchado las demandas de la población y de la oposición y en principio está dispuesto a tomar y proponer las medidas legales que impidan que la salida a la calle de los terroristas y sus cómplices se convierta en una humillación para sus víctimas. Todos estos hechos ponen al Ejecutivo de Zapatero ante una complicada situación: una nueva ofensiva de ETA y su entorno para lograr del PSOE lo que ya consiguiera en la pasada legislatura, el torcimiento del Estado de derecho en aras del mal llamado proceso de paz
Las manifestaciones del Gobierno de los últimos meses tuvieron como objetivo demostrar a la ciudadanía que la política de Rodríguez Zapatero había cambiado y que ya no habría más concesiones ni negociaciones con los terroristas, y que además el PSOE no consideraba a ETA un interlocutor político válido. Sin embargo, es en estos momentos cuando los españoles podrán juzgar a los socialistas por sus hechos y comprobar si sus promesas de firmeza valen lo mismo o más que los reiterados engaños y enredos en torno a la crisis económica.
A este respecto, es preciso señalar que los primeros cien días de la segunda legislatura de Zapatero no podían haber sido más aciagos. A la sombra alargada de la recesión hay que sumar la pugna de poder en el seno del Ejecutivo entre Solbes y Sebastián y los nuevos retos planteados por los separatistas en distintas comunidades autónomas. Las bombas de ETA no son sino el triste colofón de unos meses que serán recordados como uno de los periodos de peor gobernabilidad de la democracia española.
Ante Zapatero, la oportunidad de contestar a los terroristas como cabe esperar, usando a las Fuerzas de Seguridad del Estado y animando a la Justicia a investigar las tramas de financiación y entrenamiento de los terroristas, o bien empeorando aún más la situación general de España flaqueando de nuevo ante los totalitarios. Lo primero sería lo normal en un Estado democrático. Lo segundo confirmaría que nada de lo que pueda decir el presidente del Gobierno merece la confianza de los ciudadanos, muchos de los cuales inician sus vacaciones inquietos por la enésima escalada de terror de ETA. Por si esto fuera poco, en el horizonte las próximas elecciones autonómicas vascas, ante las que es más que probable que los terroristas ya hayan diseñado una táctica para conseguir presentarse a los comicios. La guerra contra ETA tiene muchos frentes que el Gobierno no debería descuidar. Esperemos que al menos en este asunto aún le quede sentido de la responsabilidad.