La izquierda siempre ha supeditado la justicia a la política, y en nuestro país esta actitud quedó plasmada en la Constitución de 1978 y en todo el ordenamiento jurídico posterior. La derecha, también en esto, ha ido a remolque. Liberales y conservadores compaginan la ley y libertad, los derechos y deberes y el castigo y la oportunidad de manera más eficiente que la izquierda. Pero en España se ha cedido al progresismo y se han aceptado cosas inaceptables cuyas consecuencias vemos ahora.
Desde un principio, el progresismo defendió que el delincuente, sea del tipo que sea, es en el fondo una víctima de la sociedad. Y que por tanto ésta debía poner todos los medios a su disposición para reinsertarlo y devolverlo al exterior. Para la izquierda, un sistema injusto genera delincuentes, que son en el fondo víctimas del orden social. Y en consecuencia, éste y sus instituciones deben ponerse a disposición del condenado para remediar su situación y reinsertarlo lo antes posible en la sociedad.
Por lo tanto, la izquierda siempre ha defendido una ley blanda favorable al delincuente, ignorante de las víctimas y despreciativa respecto al orden social. Así, las instituciones penitenciarias son instituciones para rehabilitar al delincuente. No tienen como finalidad ni apartarle de la sociedad o de sus víctimas ni castigarle, sino poner a su disposición medios materiales y humanos para que vuelva cuanto antes al exterior. Arrepentidos o no, los delincuentes ven rebajadas sus condenas y se son devueltos a la calle tan pronto como es posible.
Tampoco la derecha, presa de los complejos habituales, ha tenido especial interés en defender un castigo duro para el delincuente que alivie a las víctimas y salvaguarde el orden social. Desafortunadamente, también ha caído en esto presa de los mitos ideológicos de la izquierda; cuando ha propuesto un endurecimiento de la ley, lo ha hecho con la boca pequeña y sin atreverse a dar pasos rotundos. Y cuando ha dado estos pasos, han sido insuficientes por miedo al qué dirán.
Entre unos y otros han defendido una actitud blanda ante el delito, un respeto hacia el delincuente del que éste se aprovecha. Han legislado, unos desde el emotivismo buenista, otros desde el complejo centrista. Por eso nuestro sistema jurídico es un coladero para delincuentes y criminales, como denuncian jueces y policías. Hasta ahora este tema había aparecido en las páginas de sucesos y en los programas del corazón: un violador, un pederasta, un maltratador doméstico excarcelados.
Pero ya no es cuestión de crónica de sucesos. Es ahora cuando los grandes criminales etarras comienzan a terminar sus condenas, y es ahora cuando recogemos las tempestades de los vientos progres sembrados en la justicia desde hace décadas. De Juana Chaos fue detenido en 1987. Entonces a nadie se le ocurrió que con la generosidad de nuestra ley saldría veinte años después, sin arrepentir y quién sabe con qué intenciones. Ahora unos y otros se rasgan las vestiduras. ¿De qué se extrañan? La salida de De Juana Chaos de prisión es legal, sujeta a derecho y perfectamente consecuente con nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora los mismos que no se han atrevido a endurecer la ley se escandalizan y se llevan las manos a la cabeza, pero han sido ellos, la izquierda con su ceguera ideológica y la derecha con sus complejos obsesivos, quienes han legislado de manera que "El monstruo de Legazpi" pueda salir ahora de prisión. Se podrán intentar maniobras de última hora para evitar que De Juana Chaos se salga con la suya. Pero lo cierto es que el desaguisado tiene responsables, y no precisamente quienes defendemos un endurecimiento real y profundo de la ley, y que su peso caiga sobre los criminales con toda su dureza, sin excepciones ni rebajas. Lo que, por cierto, volvemos a proponer para que se lleve a cabo cuanto antes.