El Gobierno ha decidido obviar las leyes del mercado y socorrer a las empresas ineficientes anunciando la compra de suelo privado por valor de 300 millones de euros. Con esta medida, la ministra de Vivienda contradice al cada vez más cuestionado Solbes sin aportar, además, ninguna solución para superar la crisis económica que atraviesa España. Los socialistas no se aclaran, y cuando toman alguna decisión para afrontar los problemas, se equivocan.
Desde esta tribuna se viene reiterando que la función del Estado debe limitarse a resistir el envite de los malos gestores que ambicionan el presupuesto recaudado a costa del contribuyente para superar las obligaciones que, en su momento, decidieron asumir. En todo caso, deben ser los empresarios que han tenido la visión suficiente para llevar a cabo inversiones y proyectos acertados los que tendrían que beneficiarse del fracaso de aquellos que no supusieron ajustar sus ambiciones a la realidad.
Flaco favor hace Beatriz Corredor a los españoles que encuentran dificultades para acceder a un hogar debido a la burbuja inmobiliaria y la incertidumbre que ha creado la crisis que su Gobierno se niega a reconocer. Las medidas que debería tomar un Ejecutivo sensato, a corto y largo plazo, tendrían que dirigirse a liberalizar el suelo aprovechando la coyuntura y echar la llave de un ministerio que ha demostrado su inutilidad en las pocas ocasiones en las que ha llegado a intervenir.