No ha tardado mucho tiempo en saberse cuál es la receta socialista para salir de la crisis o, al menos, reducir su gravedad y acortar su duración: obligar a usar un tipo concreto de bombilla y limitar aún más la velocidad en los accesos a las grandes capitales, alargando de esa manera los desplazamientos al trabajo de millones de españoles y robándoles algo del tiempo que pasan con sus familias.
Ha habido quien, ilusionado por lo poco que estropeó Zapatero la herencia de los gobiernos de Aznar en materia económica, llegó a pensar que esta nueva izquierda, por más que estuviera hiperideologizada en temas sociales y políticos, en los económicos al menos había aprendido la lección y no volvería a incurrir en los excesos socialdemócratas que tanto daño hicieron a España. Los planes de Sebastián demuestran, por el contrario, que este Gobierno socialista reacciona como tal en cuanto atisba un problema. Es decir, impone aún más restricciones a los ciudadanos, en lugar de darles más libertad para que sea la propia sociedad la que solucione los problemas que le aquejan.
Si en España se consume mucha energía es, primero, porque el precio de la electricidad no refleja los costes de generarla. La ley de la oferta y la demanda se cumple en este caso como si de una ley física se tratara. Al rebajar artificialmente el precio, la demanda sube y se consume más. Sólo con unos precios fijados libremente, y no subvencionados a través de los impuestos, los ciudadanos y las empresas podrían calcular su gasto de energía de una manera racional, y reducirlo si estiman que se están excediendo.
Por otra parte, la de la oferta, no cabe duda de que las innumerables restricciones e intromisiones del Estado encarecen la producción energética y reducen sus posibilidades de crecer en el futuro. La obcecación en fomentar las "energías renovables", es decir, las caras fuentes eólicas y solares aprobadas por la progresía verde que producen poco y caro, y la obsesión antinuclear de José Luis Rodríguez Zapatero nos han colocado en la situación de depender casi exclusivamente del petróleo y tener que sufragar su aumento de precio para proveernos de energía.
La solución a largo plazo, naturalmente, pasa más por garantizar la protección de las leyes a todas las empresas que emprendan la vía nuclear –actualmente la más barata–, garantizando que la enorme inversión de capital que requieren estas centrales no se malgastará porque al Gobierno de turno le dé por ponerse una medallita ecologista. También por la supresión de las ayudas y subvenciones a todo tipo de energías, renovables o no, para que sea el mercado el que opte por la mejor. Sólo de ese modo se podrá reducir la factura real de la energía en España.
Sin embargo, como buen Ejecutivo socialista e intervencionista, el actual Gobierno ha optado por imponernos restricciones de todo tipo, obligándonos a sufrirlas en nuestra vida diaria y, dicho sea de paso, haciendo de oro con dinero público a los fabricantes de bombillas de bajo consumo, que sin duda le estarán muy agradecidos a Miguel Sebastián. El plan aprobado hoy también vuelve a incidir en errores como el fomento de los biocombustibles, cuyos supuestos beneficios ya ni siquiera defienden los ecologistas. Pero, sobre todo, obedece a un error de enfoque típicamente socialista: considerar que el ordeno y mando de unos pocos iluminados es la mejor y de hecho la única vía de que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida.