Hemos olvidado tanto del período inmediatamente posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que muchas personas tal vez no recuerden las mortales esporas de ántrax enviadas por correo ordinario a varias figuras destacadas de la política y los medios en aquel tiempo. Ninguna de las víctimas a las que iban destinadas perdió la vida a causa del ántrax, pero sí cinco personas diferentes, incluyendo a dos funcionarios de correos que aparentemente fueron víctimas porque manipularon el sobre que contenía las esporas de ántrax.
En la búsqueda instantánea de alguien a quien culpar, el biólogo Steven J. Hatfill fue declarado públicamente "persona de interés" en el caso abierto por el Estado. Los medios lo convirtieron en el malo de la película. Después, el Gobierno se vio forzado a difundir una retractación y accedió a un acuerdo de más de 5 millones de dólares. Pero las retractaciones nunca son tan populares como las acusaciones originales, que marcarán la vida de este hombre hasta el final de sus días. Más recientemente, una investigación federal se ha centrado en alguien más que trabajaba en el mismo laboratorio científico que Hatfill. Esta vez el nuevo sospechoso estuvo a punto de ser procesado, no sometido a un juicio mediático, y se quitó la vida. Esto podría marcar el final del asunto del ántrax, pero la destrucción sin contemplaciones de la reputación de la gente y la ruptura y ruina sin remedio de sus vidas por parte de los medios continúa.
Hay mucho que decir de la práctica legal británica de limitar lo que se puede difundir en los medios acerca de alguien que está siendo juzgado hasta que ese juicio haya concluido. Aquí, una vez que una acusación ha sido establecida y publicitada de costa a costa, por no decir internacionalmente, la exoneración posterior nunca va a recibir la misma publicidad, de manera que el daño no se puede deshacer. No se puede desenseñar lo enseñado. Una parte importante de las informaciones de los medios, especialmente en los sensacionalistas, ya sean de prensa o audiovisuales, consiste en filtraciones, especulaciones y rumores, todo ello repetido constantemente, día sí día también, se haya o no demostrado algo alguna. Lo que alguien piense que va a suceder no es noticia. Después de que suceda sí.
El ciclo informativo de 24 horas puede exigir que alguien diga algo en antena todo el tiempo. Pero eso es problema de los medios, y no debería ser solucionado a expensas de la ruina de vidas ajenas. La pérdida no es únicamente del individuo concreto objeto de acusaciones o rumores. Si una ciudadanía informada es el fundamento del Estado democrático, una ciudadanía desinformada supone un peligro para él.
Los individuos que nunca han sido difamados también pueden verse afectados. Por ejemplo, personas altamente formadas cuyos juicio y conocimiento son muy necesario para ocupar altos cargos pueden rechazar nominaciones judiciales, o negarse a ocupar otros puestos en la Administración si eso significa arriesgarse a que notables reputaciones de integridad construidas a lo largo de una vida puedan ser arrastradas por el fango ante las cámaras de televisión durante las sesiones de confirmación que se llevan a cabo como si fueran espectáculos de circo romano.
Tales personalidades destacadas siempre pueden ser reemplazadas por individuos anodinos, igual que el juez Robert Bork fue sustituido por Anthony Kennedy después de que la campaña de difamación del juez Bork llevada a cabo por el Comité Judicial del Senado tumbase su nominación.
Pero el país entero sigue pagando muy caro tener a Anthony Kennedy en el Tribunal Supremo, tomando decisiones intelectual y aparentemente elegantes pero infundadas. Una de las cruzadas perennes de los medios ha sido televisar más asuntos políticos. Su interés en esto es obvio. Pero los beneficios de televisar los mecanismos del Gobierno, si es que hay alguno, tienen que ser sopesados con el enorme perjuicio que esto puede acarrear no solamente a los individuos, sino al país.
La televisión traslada informaciones falsas con igual facilidad que transmite la verdad. Las sesiones del Congreso no son muestras de verdad. Son actos programados encaminados a perpetuar algún desequilibrio político. Televisar estos actos políticos solamente inhibe la capacidad del Congreso de llevar a cabo una labor seria en privado en lugar de perder el tiempo interpretando de cara a la galería. Tanto los individuos como el país se merecen más protección contra el abuso de publicidad de la que normalmente tienen.