Durante la pasada legislatura el Gobierno de Rodríguez Zapatero hizo gala de una nueva diplomacia, muy diferente de las desarrolladas por anteriores gobiernos españoles. El deseo no disimulado de distanciarse de la política ejecutada por José María Aznar llevó a Zapatero a buscar el acercamiento a los gobiernos latinoamericanos caracterizados por su rechazo a la democracia y a los mercados abiertos. Había una coherencia ideológica en este giro. Los nuevos dirigentes del Partido Socialista se sentían mucho más partícipes de la tradición revolucionaria socialista que los cuadros que gobernaron en los días de Felipe González. Querían mostrar su solidaridad con esos gobiernos al tiempo que anhelaban escenificar su desdén por los intereses de las empresas españolas. Desde un principio se nos aclaró algo sorprendente en la historia de nuestra diplomacia, que su acción no se vería condicionada por los intereses económicos en la región. La práctica confirmó la amenaza.
Durante cuatro años Zapatero cortejó a los dirigentes más execrables de la zona, levantando pasiones entre los sectores más radicales de la izquierda española. Mientras tanto nuestras empresas se veían obligadas a realizar indebidas concesiones a las distintas administraciones sin encontrar refugio en un inexistente Estado de derecho, porque la democracia no es un mero entramado institucional, sino la práctica cotidiana del respeto a los derechos de personas y empresas y el equilibrio entre poderes independientes. Se nos explicó que convenía ceder para ganarse la estima de estos dirigentes y así consolidar posiciones. La realidad está siendo muy otra.
Es normal que el "bolivarismo" trate de hacerse con el control de la banca privada y es también normal que en esas circunstancias el Banco Santander quiera abandonar la plaza. Lo que no es admisible es que el Gobierno de España haya estado durante estos años más preocupado por ganarse la simpatía de Chávez, a costa de alentar un proceso político dirigido a destruir las instituciones democráticas en ese país, que por defender los legítimos intereses de una empresa española. Resulta patético el lavado de manos del Gobierno escudándose en que es una cuestión empresarial. La retirada del Santander es consecuencia de una política, como lo puede ser el precio que se pague por la acción.
Es normal que el "justicialismo" quiera nacionalizar Aerolíneas Argentinas. Como tantos otros movimientos políticos afines no creen en la economía de mercado. Más aún, siguen embebidos en un socialismo arcaico donde la inversión extranjera es sinónimo de asalto contra las riquezas nacionales. Argentina muy probablemente se hará con la citada compañía y, a partir de ese momento, será más incompetente y generará más pérdidas. En cualquier caso ése es un problema de los argentinos, el nuestro es que nuestro Gobierno no defiende nuestros intereses.
Bolivarianos y justicialistas saben de las simpatías ideológicas del nuevo socialismo español, han visto como nuestros embajadores han dado la espalda a nuestros empresarios y piensan que hacerse con sus bienes no tiene más coste que un aumento de la ayuda española en concepto de cooperación. No sólo hemos perdido nuestro prestigio como símbolo de democracia modelo para la región, nos hemos convertido en un títere al que se le puede golpear cuantas veces se quiera impunemente. Tras cuatro años de "buenismo", de sonrisas y de repartir dinero recogemos los frutos en forma de falta de autoridad y de abusos contra nuestras empresas.