¿Recuerda el lector el Pacto por las libertades y contra el terrorismo? Pues es de los pocos. Los socialistas que lo impulsaron lo convertirían en papel mojado al llegar al poder. Los populares, que lo aplicaron con éxito en su segunda etapa de Gobierno y que se aferraron a su espíritu durante la primera legislatura de Zapatero denunciando incansablemente su incumplimiento, también lo han amortizado.
La novedad de aquel Pacto, clave de su fuerza operativa y de su valor como herramienta cívica, era la absoluta claridad con que trazaba una línea divisoria adicional a la obvia (terroristas-no terroristas): la línea que dejaba fuera a toda formación política que contemplara el pago de un precio político por el abandono de la violencia. Señalando expresamente el precio: "La imposición de la autodeterminación".
Aunque la letra del documento aludía a los partidos vascos que habían suscrito el Pacto de Estella, y exigía su ruptura "para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional" con ellos, la filosofía del Pacto por las libertades se resume en que populares y socialistas no iban a alcanzar acuerdos políticos con formaciones que practicaran el doble juego de avanzar hacia la autodeterminación y mostrar comprensión, contextualizar o tratar el terrorismo como algo diferente a lo que es: una lacra a erradicar, un cáncer a extirpar, un enemigo a derrotar.
Sabemos que los socialistas se pasaron el Pacto por el arco del triunfo manteniendo contactos con la ETA cuando aún estaban en la oposición, creando alianzas de Gobierno con fuerzas como la Esquerra poco antes de alcanzar el poder y, una vez alcanzado, entregándose a la estafa de las dos mesas y realizando ofertas a los terroristas que eran puro precio político. También sabemos que durante cuatro años el PP denunció tanto incumplimiento y tanta doblez.
Lo que no podíamos imaginar es que un análisis, por lo demás discutible, de marketing político iba a llevar al partido que, aun perdiendo, había reunido más de diez millones de votos, a seguir los pasos del PSOE. El PP ya se entiende en Canarias con los nacionalistas y ya apoya estatutos de autonomía de corte nacionalista, en flagrante contradicción con su actitud ante el Estatuto catalán. Ha expulsado, por la vía de romperle los nervios, a María San Gil. Su pecado: atenerse a lo que hasta entonces todos defendían sin fisuras. Ha obligado a Daniel Sirera a retirar su candidatura. Sabía Rajoy –evaporación y jerarquía– que con esos dos su nueva estrategia, o su nueva moral, o su nueva falta de ella, eran inaplicables. Ahora se dispone a entenderse con el BNG. Otro paso en la línea formulada por Cospedal: hay que "hablar con todos en bien y en beneficio de la gobernabilidad". Y todos significa todos. ¿Qué dónde está el peligro del BNG? Pregúntenle aFraga.