¿Conocen en el conselleria de Interior de la Generalidad el artículo 578 del Código Penal? Se trata de aquel que reza:
El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código [delitos de terrorismo] o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años (...).
Por dos veces durante las Fiestas de Gracia de Barcelona se reunieron a sus anchas personas convocadas por la Asamblea de Jóvenes de Gracia y Endavant bajo el simpático lema "Ultrajemos España". Aplaudieron los nombres de tres colaboradores de ETA cuyas imágenes aparecían, además, reproducidas en diversos carteles. Otro colaborador de ETA llegó a desfilar por las calles de Gracia.
En Cataluña tenemos la mala suerte de que la importante responsabilidad de Interior recaiga sobre el político más inútil de España, logro notable en un país que acoge a Moratinos. Las preocupaciones del señor Saura se reducen básicamente a adaptar las varias dependencias de su conselleria a las arcanas exigencias de una geomancia china (no bromeo) y a reavivar las categorías de la Guerra Civil desde la atalaya que le confiere la impoluta historia del PSUC. De él no hay que esperar nada, pero existe una legión de funcionarios en Cataluña capaz de detectar e impedir la comisión de un delito flagrante anunciado a bombo y platillo.
No lo han hecho. Y además declaran que no piensan corregir su pasividad investigando lo sucedido. Por eso resultan perfectamente verosímiles las acusaciones de Alberto Fernández, que apunta al Ayuntamiento de Barcelona porque es su ámbito de actuación y porque se trata de la administración directamente responsable de autorizar y supervisar fiestas como la de Gracia. Las acusaciones del jefe del Grupo Popular en el Ayuntamiento barcelonés se resumen en "la política del mal menor".
Dicha teoría, argüída desde hace algún tiempo por el tripartito que gobierna la autonomía y por el bipartito que gobierna la ciudad, postula hacer la vista gorda (para no empeorar las cosas) ante los desmanes, abusos y atropellos de los militantes antisistema y/o independentistas que campan por sus respetos. Iba a escribir "independentistas ajenos a la Esquerra", pero he recordado un detalle: el sujeto que amenazó de muerte a los dirigentes del PPC el pasado 11 de septiembre había integrado una lista municipal de ERC. Vertió sus amenazas impunemente delante de las narices de decenas de policías que no movieron un músculo ni siquiera para pedirle que se identificara. Seguían la teoría del mal menor.