Las negociaciones para el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica no deberían preocuparnos demasiado a los ciudadanos. Gane quien gane, nosotros salimos perdiendo. Conviene aclararlo por si algún piadoso contribuyente piensa que el dinero que las autonomías van a obtener cuando finalmente se ponga en marcha el invento, superado el chantaje del PSC, va a repercutir positivamente en algún aspecto de su vida privada.
El estado de las autonomías es el mayor fracaso, y el más siniestro, de la Gloriosa Transición Española. So capa de proporcionar un amable encaje constitucional a las regiones que exigían el reconocimiento de su carácter nacional, el famoso "café para todos" ha convertido España en una federación de diecisiete republiquitas que compiten entre ellas para ver quién sangra con más éxito la caja nacional. La clase política que dirige estos diecisiete virreinatos tiene, además, que justificar los enormes sueldos que detraen del esfuerzo de todos, inventando continuos problemas y agravios territoriales a los que dar respuesta en aras de la dignidad local. La persecución de la lengua común en algunos territorios o la pelea por la distribución de los recursos hídricos nacionales son ejemplos que hablan por sí solos del desastre autonómico y de sus efectos perversos sobre los ciudadanos, que se ven privados de derechos elementales a mayor gloria de la clase política autonómica.
Sumen los diputados de todos los parlamentos autonómicos, los consejeros o "ministrillos" a una media de doce por autonomía, más el resto de altos cargos ocupados en defender la dignidad y los derechos históricos de sus territorios, y verán que tenemos a más de dos mil señores y señoras cuya única preocupación es exacerbar el elemento identitario de su terruño para justificar sueldos, dietas, secretarias y coche oficial.
Añadan el elefantiásico número de organismos de toda laya dedicados a los asuntos más peregrinos, con la legión de funcionarios necesaria para hacerlos funcionar, y verán que sea cual sea el reparto de los cada vez más depauperados fondos estatales, la mayor parte va a ir a parar a la financiación de miles de entes absurdos y a los sueldos de sus dirigentes. Sin ir más lejos, Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía cuentan con una "Dirección General para el Cambio Climático", que ya es tener humor, con miles de funcionarios dedicados, entre otras labores igual de elevadas, a que los osos polares no fallezcan de un golpe de calor por culpa del calentamiento global.