Grande Marlaska ha autorizado una manifestación de proterroristas y secesionistas en nombre del “derecho de reunión”. Es el último efecto, por ahora, de una de las falacias más escuchadas en España desde la Transición: la de que el derecho de expresión o de reunión lo ampara todo siempre que no se pase a la acción. El ejemplo machaconamente repetido es el de que se puede decir que se está a favor de la secesión de las Vascongadas, por ejemplo, o que España no es una nación, siempre que no haya violencia alguna que secunde esta aseveración. Este tipo de afirmaciones, en el que se ha dejado mecer casi toda la clase dirigente española de los últimos treinta años, no es un axioma.
Primero, la libertad de expresión no se ejerce en abstracto. Lo que hace posibles la libertad de expresión y otros varios derechos, es la existencia previa de la nación, el fundamento último de la legitimidad constitucional. Habría que considerar hasta qué punto un ataque abierto a la nación no entrañará también un ataque al derecho de expresión y de reunión. En la práctica, es lo que está ocurriendo en buena parte de nuestro país. ¿Alguien cree que exista de verdad la libertad de expresión, de reunión y de voto en las zonas gobernadas por los nacionalistas o por las coaliciones nacional-socialistas?
En otro aspecto, la complacencia de las élites en el argumento del todo vale, como si las palabras y las ideas fueran indiferentes y no tuvieran nunca consecuencias, acaba minando el prestigio de otras, y con él la raíz misma de la lealtad. En países normalmente constituidos, quien dijera las estupideces que Rodríguez Zapatero ha proferido sobre su nación sería un paria político. ¿Alguien se imagina que Blair, Brown, Bush, McCain, Merkel o Sarkozy pudieran haber sugerido que la existencia de sus respectivos países es una idea discutible y discutible? Aquí no. Aquí parece incluso un mérito. Es el trabajo de treinta años de abdicación y dejadez de unas élites que, eso sí, nunca dejan cobrar del presupuesto público de esa nación de cuya existencia tan respetable resulta discutir.
Se notará, finalmente, el contraste entre ese sacrosanto respeto, tan exquisitamente preservado, a las libertades de quienes quieren destruir España, y las llamadas a poner una mordaza –incluidas sanciones– a los que no están de acuerdo con esa deriva. En otro orden de cosas, no muy lejano, vivimos en un país donde está prohibido cursar la enseñanza básica en el idioma oficial, pero en el que las manifestaciones a favor de la secesión están ultraprotegidas. ¿Qué democracia es esta? Será popular, de las antiguas repúblicas soviéticas, o socialista, pero no liberal.