La excarcelación de Arnaldo Otegi tras 15 meses en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo entre el entusiasmo y los desafíos a la libertad y la democracia de sus partidarios demuestra una vez más que ni ETA, organización a la que Otegi lleva sirviendo más de 30 años, ni sus portavoces mal llamados políticos han cambiado sus posturas. Es la única conclusión que cabe extraer de las declaraciones del líder batasuno, quien una vez más ha expresado su apoyo a los asesinos encarcelados, a quienes se ha referido como "compañeros", y ha abogado de forma cínica por el "diálogo" y la "negociación".
Que una persona cuya única ocupación desde la adolescencia ha sido el respaldo al asesinato, la extorsión, la tortura y el secuestro haya sido condenada a menos de año y medio por una conducta relacionada con el terrorismo (¿acaso ha hecho otra cosa a lo largo de su vida adulta?) revela uno de los mayores obstáculos del Estado de derecho a la hora de proteger a los ciudadanos españoles: un Código Penal laxo y poco realista que no cumple la función primordial de un Estado que se precie de serlo, la salvaguarda de la vida, la propiedad y la libertad de movimiento de quienes lo sostienen con sus impuestos contra quienes pretenden imponer su voluntad mediante la violencia.
Este penúltimo insulto a la memoria de los que han perdido su vida a manos de los etarras es una iniquidad que no debería pasar por alto a nuestros gobernantes, a quienes urgimos a tomar las medidas necesarias para que situaciones como la producida el sábado en las inmediaciones de la cárcel de Martutene no vuelvan a repetirse. La reacción del Ejecutivo y del PSOE asegurando que la negociación mantenida la pasada legislatura está "enterrada" es insuficiente. Tampoco resulta satisfactoria la enésima manifestación de confianza del PP en un Gobierno que no la merece.
Si el partido que en la actualidad lidera Mariano Rajoy quiere hacer una aportación positiva a la justicia debida a las víctimas del terrorismo, es decir, a las de los compañeros de Otegi, deberá solicitar una reforma legal que garantice que delitos como el enaltecimiento del terrorismo sean castigados con el rigor que su trascendencia exige, elevando la categoría de su pena de leve a grave. Las más de mil vidas truncadas y los cientos de miles de afectados directos (heridos, desplazados, etc.) que el terrorismo ha causado en España justifican plenamente una modificación de este tipo.
Las liberaciones de diversos miembros de ETA-Batasuna en las últimas semanas y las que se avecinan en los próximos meses suponen sin lugar a dudas una nueva victoria de ese entramado conocido como Movimiento de Liberación Nacional Vasco, una empresa totalitaria a la que pertenecen no sólo los terroristas, sino también por todos aquellos que por acción u omisión les asisten movidos tan solo por su odio a España. Por desgracia, ninguno de los principales partidos políticos parece haber aprendido de los errores del pasado. En el caso del PSOE, a los trágicos yerros de la época de Felipe González se suman las deslealtades cometidas por Rodríguez Zapatero y los dirigentes del PSE, algunos de los cuales siguen apostando por una alianza con los nacionalistas. El diálogo que los populares ofrecen al PNV tampoco es una señal edificante ni tranquilizadora para quienes sufren a diario la amenaza y la exclusión de los separatistas. Triste consenso es aquel que olvida lo más importante.