Comienza el curso escolar 2008-2009. Cientos de miles de alumnos de Secundaria y Bachillerato empiezan las clases. Por primera vez, todos los alumnos que cursen estos niveles de la enseñanza, en cualquier tipo de centro y en cualquier punto del territorio nacional se las verán con una nueva asignatura: Educación para la Ciudadanía. El curso pasado, la sonada polémica sólo afectaba a los que cursaran 3º de la ESO y en sólo siete comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Navarra, Cantabria, Aragón, Extremadura y La Rioja.
Desde que empezaron a conocerse los borradores sobre la materia que la Fundación Cives propuso al entonces secretario de Estado, Alejandro Tiana, cundió la alarma por la fuerte carga ideológica y de sectarismo, con la pretensión explícita de formar la conciencia moral –¡la conciencia moral, nada menos!– de todos los escolares españoles, según los valores y criterios del lobby ideológico-cultural que sustenta al Gobierno de Zapatero.
Dada la inmediata contestación de una parte significativa de la ciudadanía, se atenuó el lenguaje, pero enmascarado en él se mantuvo todo el programa. Es más: algunos contenidos fuertes inicialmente previstos para ser impartidos en EpC fueron desplazados a otras asignaturas, como Conocimiento del Medio, Ciencias Sociales, Biología, y sobre todo, la también nueva asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Pero lo esencial sigue confinado en EpC, porque a sus impulsores les es preciso disponer de un cuerpo de doctrina compacto y bien articulado. Y para que los escolares lo asimilen bien y no sea una "maría" se les impartirá en cuatro cursos: este año, en 2º o 3º de ESO (según la Comunidad Autónoma), en 4º de ESO (con la denominación de Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachiller (con la denominación de Filosofía y Ciudadanía), y el curso próximo también en Primaria. Y en todo tipo de centros: públicos, concertados y privados. Nadie va a quedar ya a salvo de su amenaza.
A lo largo del curso pasado se extendió la información de lo que en realidad es la asignatura, gracias a diversas asociaciones y a articulistas en diversos medios –entre los que ha destacado muy especialmente Libertad Digital–, que han ido desentrañando para la opinión pública cuál es la pretensión real y la ideología concreta que hay detrás de una supuesta inocente asignatura. Y el movimiento que promueve la objeción de conciencia ante este intento de adoctrinamiento por parte del Estado fue cosechando un éxito inaudito: más de 44.000 objeciones presentadas, que representan el movimiento objetor más importante producido en Europa, puesto que la comparación con la mili deja a ésta pálida frente a las cifras de objeción a EpC: 44.000 en poco más de un año, frente a 70.000 en más de 10 años que duró la objeción al servicio militar. Tiemble el Gobierno, pues; no estamos ante ninguna tontería.
Por eso la reacción del Gobierno y su entorno ha sido, en definitiva, de miedo. ¿No les habían dicho que la sociedad española es una sociedad lanar, adocenada, que traga con lo que sea? ¿Cómo es posible que se atrevan? Pues a amenazar tocan: "les suspenderemos", "les negaremos las titulaciones"... Pero no. Gracias a la propia LOE, queda claro que eso no puede ser: el certificado de ESO se puede conseguir hasta con tres suspensos, y en Bachillerato se pasa de curso hasta con cuatro. No estaremos realmente ante el primer eventual problema hasta final de curso del año 2010. Para entonces, la batalla jurídica estará en su apogeo. Y hasta ahora, querido Gobierno, todas las docenas de sentencias y autos que ya hay en tribunales superiores son favorables a los objetores. Unas en mayor medida que otras, pero todas reconocen el derecho a la objeción. El último auto, concediendo medidas cautelares, hace escasos días en Albacete. Y ello pese a que aún resuenan las brutales palabras del ya ex consejero Valverde en las Cortes de Castilla La Mancha:
La educación moral no es monopolio de los padres, sino una tarea compartida entre los padres y la escuela. El Estado tiene el deber de promover una moral pública basada en unos valores universales que nos afectan a todos y que para nada entran en conflicto con las diversas morales privadas que deben mantenerse en otra esfera. La pregunta no debe ser tanto si la parte de la formación moral que corresponde al Estado es conforme a las posiciones religiosas o morales de los padres o tutores, sino si la formación moral que corresponde a padres y tutores es conforme a los objetivos de la educación entre los que se encuentra el respeto a los valores constitucionales.
Estos jueces...
EpC no es un problema de los padres que tienen hijos en edad escolar. Es un problema de la sociedad española en su conjunto, porque estamos ante una expropiación por parte del Estado de varios derechos fundamentales de los ciudadanos: el derecho a educar a los hijos según las propias convicciones (art.27.3 de la Constitución Española, así como art.26.3 Declaración Universal Derechos Humanos, art.18.3 Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos Naciones Unidas, art.13.3 Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales Naciones Unidas, art.14.2 Convención Derechos del Niño Naciones Unidas, art.2-protocolo I Convenio Europeo Derechos Humanos, art.14 Carta Derechos Fundamentales Unión Europea), el derecho a la libertad ideológica y de conciencia (art.16.1 CE), el derecho a no tener que manifestar las propias convicciones o creencias (art. 16.2 CE), y otros, como el derecho a la libertad de cátedra (art.20.1-c CE).
La estrategia del Gobierno y su entorno en el curso que ahora empieza va a ser doble: intensificar las amenazas a los padres con el boletín de notas y las titulaciones, y a la vez vender la supuesta cara amable del asunto ("esto va de aprender a convivir en una sociedad plural", "sólo se enseña la Constitución y los Derechos Humanos"). No se dejen engañar: bajo la apariencia de un programa de estudios hay toda una revolución cultural auspiciada desde un entorno político-cultural muy concreto, que pretende arrancar la matriz ética vigente en la sociedad española para levantar un nuevo edificio ajeno a la tradición de Occidente, y conformar a las nuevas generaciones en el pensamiento "progresista". Y el cambio que se pretende sólo puede ser violento, puesto que se impone velis nolis apoyándose en el Poder y las prerrogativas del Estado.
Recordando una vez más la advertencia de Belohdarsky: "La esencia de lo que nos amenaza es el Estado que intenta programar sus ciudadanos". Sólo si afirmamos nuestros derechos podremos hacerle frente. Cuando en los futuros libros de Historia se estudie el movimiento de padres objetores, podrá afirmarse sin exagerar aquello de que "Nunca tantos –todos los españoles– debieron tanto a tan pocos".