El Ministro de Trabajo e Inmigración dijo hace unos días que pretendía poner fin a la contratación en origen de trabajadores inmigrantes, ante el vertiginoso ascenso del desempleo en España. Dentro de la lógica socialista –el conjunto de la riqueza mundial es un juego de suma cero–, tiene sentido creer que protegiendo el mercado laboral nacional, es decir, obligando a contratar sólo españoles, se reducirá el paro. Yo no soy economista pero tengo la sensación de que el mercado de trabajo no es una tarta a repartir, y que levantar barreras y encarecer los costes laborales no va a traer nada bueno a una economía al borde de la recesión.
La medida no sólo encarecería la creación de puestos de trabajo en España (la inmigración ha venido introduciendo flexibilidad a nuestro rígido y distorsionado mercado laboral), sino que tampoco serviría para que los españoles ocupen empleos que consideran más perniciosos que vivir de unos subsidios que, desde que Aznar dejó de dirigir el PP, ya nadie cuestiona. Pero, además, incentivaría la deslocalización de empresas a países con costes laborales más reducidos. Si me dieran a elegir entre crear riqueza en España contratando a extranjeros y que se vayan las empresas a países más competitivos, prefiero lo primero, más que nada porque hablamos de crear riqueza en España y de salarios de trabajadores que mayoritariamente se gastarán también en España, sin olvidar que en muchos casos son empleos que no quieren los españoles.
Las reacciones al ministro Corbacho no se han hecho esperar. De la Vega dejó claro que se producirían las contrataciones necesarias en el extranjero. No creo que esta desautorización se deba a una repentina repulsa de la vicepresidenta a que el Estado decida a quién deben contratar las empresas, ni a un cálculo sobre las consecuencias de que sólo puedan contratarse españoles, sino que probablemente el rechazo sea más bien estético, hacia una propuesta que no casa bien con la demagogia de papeles para todos de la legislatura pasada. El dizque-liberal ministro Sebastián salió, por el contrario, en defensa de Corbacho, explicando que debían agotarse los recursos laborales propios antes de importarlos de otro país (que es exactamente lo que sucede ahora).
Pero lo más significativo que nos deja el ridículo del Gobierno es el ridículo de la oposición, y no por su nuevo giro hacia el proteccionismo laboral, sino por una simple cuestión de estrategia. No había cosa más triste la legislatura pasada que ver a Rajoy citando a socialistas para apoyar sus tesis, ya fuera a Solbes respecto a la economía, a Guerra respecto a la Nación e incluso a Felipe González. Ver a González Pons saliendo entusiasmado a respaldar a Corbacho y a decir que le apoyará ante De la Vega no pone de manifiesto las contradicciones del Gobierno, sino los complejos de una derecha necesitada que cree que desgasta a Zapatero haciéndose eco de las posiciones minoritarias de su Gobierno cuando lo único que hace es seguirle la corriente. "Nos gustan las políticas de inmigración sensatas que había empezado a apuntar el ministro Corbacho", dice el portavoz del PP.
Aún deben oírse las risas en Moncloa.