Es posible que el visitante ocasional (todavía) no lo perciba. Los periódicos están escritos mayoritariamente en español; aunque cada vez hay más rótulos de establecimientos mercantiles en gallego, en la mayoría de ellos será atendido en español; si entabla conversación con algún vecino, es muy probable que la comunicación discurra también en español; si no lo fuese es tal la cercanía de las dos lenguas que no será difícil la recíproca comprensión. Salvo que precise acudir a algún servicio público, no detectará nada anormal.
Sin embargo, los gallegos hablantes de español estamos sistemáticamente discriminados. El esfuerzo discriminador se centra preferentemente en la educación. Y no obedece a ninguna demanda social sino que, por el contrario, se opone a los deseos de la mayor parte de la población, como pone de manifiesto el caso siguiente. El "Consejo de la Cultura Gallega", que excluye de su ámbito de atención cualquier manifestación cultural en español, por gallegos que puedan ser sus autores o su temática, encargó un informe al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago sobre la situación de la enseñanza de la lengua gallega en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Pues bien, según este Informe, el porcentaje de alumnos que tienen el gallego como lengua inicial y habitual es del 33% en los centros de enseñanza públicos y del 10% en los centros privados. Todo ello a pesar del monopolio del gallego en la televisión autonómica; de la sumisa propaganda de la prensa escrita, esclavizada con cadenas de oro; a pesar de ser la lengua casi exclusiva de la clase política (incluido el PP); a pesar de monopolizar la infinidad de premios literarios dotados por la Administración autonómica, las provinciales y las locales (Galicia es el país del mundo con más premios –y menos lectores– por escritor). A pesar, en fin, de los mil medios de presión e intimidación de un Gobierno despótico.
No obstante, los autores del Informe consideran "preocupante el nivel de incumplimiento de la ley de Normalización Lingüística", que establece un reparto al 50% de la lengua vehicular de la enseñanza, según la naturaleza de las materias. En aquellas "reservadas" al gallego, el cumplimiento de la Ley, según el Informe y atendidas las diversas disciplinas y cursos, oscila entre un 83 y un 53%. No diré yo que haya de infringirse tan malhadada Ley, fruto de uno de los gobiernos de Fraga Iribarne, retribuido por los beneficiarios de su ocurrencia con la negativa a rendirle el modesto homenaje de bautizar con su nombre alguna calle o calleja.
Pero, también infringen la famosa Ley, aunque en sentido contrario, las galescolas del "compañeiro" Quintana, vicepresidente de la Junta, que ha creado un sistema escolar paralelo al oficial. Puestos a pedir el estricto cumplimiento de la legislación ¿por qué se mantienen estas escuelas de partido, costeadas con recursos de todos los contribuyentes? Y ¿qué pasa con el artículo 3.1 de la Constitución, que afirma que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla? ¿Vale menos la Constitución que la Ley de Normalización?, ¿Valen menos los impuestos de los español-hablantes que los de los gallego-hablantes? Para la clase política (incluido el PP) parece que sí. Y cuando alguna asociación, como Galicia Bilingüe, el Club Financiero de Vigo, la Confederación de Empresarios de Pontevedra, etc., protesta contra este despotismo lingüístico, lo menos que les llaman son "intoxicadores".