Con el fin del proceso de incorporación a las aulas de los jóvenes españoles en edad escolar, comienza a partir del lunes un curso caracterizado por la incertidumbre y la alarma ocasionadas por la introducción de la nueva asignatura Educación para la ciudadanía en todo el territorio nacional.
A pesar de la protesta de un gran sector de la población española, la objeción de decenas de miles de familias y resoluciones judiciales como la publicada el pasado mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declara que la asignatura "violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y el mismo principio del pluralismo político constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico", ni el ministerio de Educación ni la mayoría de las consejerías del ramo en las distintas Comunidades Autónomas han hecho caso a estos pronunciamientos. El Partido Socialista ha redoblado sus esfuerzos por presentar esta herramienta de adoctrinamiento como una aportación fundamental a la consolidación de la democracia, al tiempo que el Gobierno amenaza a los padres que han decidido objetar y advierte a los colegios y a las Comunidades Autónomas que no tolerará ninguna desviación respecto del programa oficial.
Por tanto, la "normalidad" que vaticina la ministra de Educación no es tal, pues se pretende obtener mediante el recurso al miedo de muchos a que el futuro académico y profesional de sus hijos y alumnos sea vea gravemente perjudicado por su resistencia a recibir una asignatura altamente ideologizada. Más que intentar introducir el socialismo, el multiculturalismo, el tercermundismo y la ideología de género por decreto en las aulas, los políticos socialistas y nacionalistas deberían preocuparse por la escandalosa falta de conocimientos y de aptitudes básicas de gran parte de los escolares españoles. De no ser así, ¿para qué existen un ministerio de Educación y una enseñanza pública?
Respecto al Partido Popular, su respuesta a Educación para la ciudadanía pasó de los titubeos y contradicciones iniciales a la promesa de su supresión recogida en el programa electoral para las elecciones generales de 2008, un compromiso renovado en su último congreso nacional. La oferta de diálogo al PSOE para la sustitución de esta asignatura por otros contenidos como el inglés, la tecnología y los valores constitucionales ha sido despreciada por una izquierda cuya prioridad educativa ya no es la formación de los jóvenes, sino la construcción de identidades políticas a su gusto.
La respuesta al autoritarismo e intransigencia gubernamentales ha sido la creación de un amplio y variado movimiento de resistencia formado por padres, docentes e inspectores que no se resignan a que el Estado les diga a los niños cómo tienen que pensar y sentir y a quién deben votar cuando alcancen la mayoría de edad. La receptividad de algunos gobiernos autonómicos, caso de Madrid, a sus demandas, contrasta con la hostilidad demostrada en otras regiones, algunas gobernadas por el PP.
A la espera de que produzca la necesaria unificación de la doctrina acerca del derecho a la objeción de conciencia, cientos de miles de familias, millones en los próximos dos años, deberán optar entre la resignación y la obediencia o la defensa efectiva de sus derechos y los de sus hijos. La tarea no se presenta fácil, si bien el objetivo es crucial, pues están en juego las libertades ideológica, de expresión y de enseñanza, así como el derecho a la intimidad y a una educación acorde con las convicciones de los padres tal y como exige la Constitución. Merece la pena.