Si Boston regulara las panaderías del mismo modo en que lo hace con los taxis, muchas menos familias comerían pan del día, y las que tuvieran el privilegio tendrían que pagarlo bien caro.
Si las panaderías fueran tratadas como los taxis, su número estaría severamente limitado; daría lo mismo lo grande que fuera la demanda de los consumidores. Nadie estaría autorizado a abrir una panadería sin licencia del Departamento de Policía, y puesto que la oferta de estos permisos se mantendría artificialmente reducida, su precio se dispararía hasta los 150.000, los 200.000 dólares, o puede que más. Para la mayoría de los empresarios, poder ganarse la vida como panadero –no abrir realmente una panadería, sino obtener el permiso para hacerlo– significaría endeudarse para adquirir una licencia. O pagar un riñón por alquilar una a alguien que ya la tenga.
Y ese sería apenas el primer obstáculo que tendría que sortear. Tras abrir su empresa, el panadero permanecería bajo la vigilancia estricta del Departamento de Policía. La policía decidiría a qué clientes podría vender y dictaría los precios que tendría que cobrar. Un enorme volumen de regulaciones policiales gobernaría cada uno de los detalles de la labor del panadero, desde el modelo de su horno hasta las palabras exactas que debería incluir en sus recibos.
En un entorno económico tan antinatural y sobrerregulado, muchos panaderos se encontrarían obligados a trabajar largas jornadas a cambio de un salario escaso, sin vacaciones ni prestaciones sociales. El consumidor también saldría peor parado. Habría bastantes menos panaderías. En muchos barrios no habría ninguna. Los precios serían igualmente altos en todos los establecimientos, al margen de la calidad del pan y del servicio; como consecuencia, ambos serán generalmente mediocres. Pero quizá lo más triste de todo sea que cuanto más tiempo persistiera el control sobre el acceso a las licencias y las regulaciones sobre los precios, más grande sería la parte de la opinión pública que lo percibiría como algo normal y daría por sentado que un libre mercado del pan sería simplemente poco práctico.
El alcalde y el comisario de policía de Boston han anunciado hace poco un refuerzo “integral” de las regulaciones de la industria del taxi, afirmando que los cambios “van a mejorar significativamente nuestro servicio de taxis locales y proporcionar una mejor experiencia de cara al cliente”. Desgraciadamente, lo que están haciendo en realidad es incorporar un buen montón de nuevas exigencias sobre la que ya existía, situando las tarifas de los taxis de Boston entre las más elevadas del país y expulsando del sector a incontables taxistas.
Según las nuevas normas, una carrera en Boston costará cinco dólares la primera milla y 2,80 cada milla adicional. Y los taxistas tendrán prohibido llevar camisetas o utilizar la radio. Los taxis tendrán que estar equipados con máquinas para cobrar mediante tarjeta y habrán de ser limpiados todos los días.
Particularmente oneroso es el decreto que obliga a que los taxis actualmente en circulación sean reemplazados por híbridos en cuanto tengan seis años, teniendo que convertir la flota entera antes de 2015. Esto, dice el alcalde, es “esencial” para “mejorar la calidad del aire” de Boston. Pero la calidad del aire de Boston está bastante bien, gracias. Lo que no está también es el esfuerzo económico que la nueva obligación impone a los taxistas pequeños, la mayor parte de los cuales conducen Crown Vics que pueden ser adquiridos de segunda mano por alrededor de 6.000 dólares. Un híbrido Prius o Camry nuevo, en cambio, cuesta más de cuatro veces esa cantidad, y con frecuencia sólo se puede comprar tras pasar meses en una lista de espera.
¿Son sensatas las nuevas regulaciones? Bueno, es cierto que algunos pasajeros celebrarán la comodidad de poder pagar con tarjeta o el silencio de la emisora del taxista. Con la gasolina por encima de los 3,50 dólares el galón, unas tarifas más elevadas por distancia recorrida sin duda ayudarán a los taxistas con el agua al cuello. Por otra parte, esos precios encarecerán más aún el servicio de taxi para muchos residentes de Boston y visitantes, al tiempo que el elevado gasto en coches híbridos obligatorios va a obstaculizar más que nunca que muchos taxistas superen el primer escalón de la escalera al éxito. Los lavados del vehículo diarios pueden atraer a aquellos que encuentran en los taxis sucios una visión intolerable; a otros les parecerá un desperdicio de energía y agua.
Lo que deberíamos plantearnos realmente no es si las normas tienen sentido o no, sino por qué el Departamento de Policía (o cualquier otra agencia municipal) debe decir a la industria del taxi cómo operar. Los políticos no fijan el precio del pan, de los cuchillos de cocina ni de los ordenadores portátiles; ¿por qué deben establecer el precio de una carrera desde el Aeropuerto de Logan a Beacon Hill? Los burócratas no deciden cuántas zapaterías, cuántos bufetes o cuántas farmacias necesita la ciudad; ¿por qué deben dictar la cantidad de taxis?
Nuestra soviética regulación del sector del taxi es insostenible, y apilar nuevas regulaciones sobre las antiguas no supone mejora alguna. Lo que taxistas, propietarios de los taxis y pasajeros necesitan es una menor intromisión del Gobierno. Si liberalizáramos el sector veríamos más taxis atendiendo a más barrios, con mejor servicio y precios más asequibles. La libertad económica hace maravillas por los panaderos y sus clientes. Funcionaría exactamente igual de bien para los taxistas y los suyos.