La contradicción del ministro Rubalcaba respecto a si las recientes sentencias de ilegalización de los partidos proetarras pudieran o no incitar una demostración de fuerza por parte de ETA no es nada en comparación con la que se puede y debe destacar a raíz de la declaración que han protagonizado en el Congreso los partidos políticos, junto a los agentes sociales, tras el último asesinato de la banda. Y es que los partidos que ahora supuestamente suscriben el compromiso de "combatir a ETA" hasta "su derrota final" y a través de la "fuerza exclusiva del Estado de Derecho" son –con la excepción del PP y UPyD– los mismos que firmaron la resolución parlamentaria, todavía vigente, que ofrecía a ETA "un final dialogado de la violencia".
Semejante contradicción no será superada mientras la declaración recién firmada no sustituya, en forma de resolución parlamentaria y de manera definitiva e irreversible, a aquella que dejaba y deja en manos de ETA y sus eventuales treguas el normal y cierto funcionamiento del imperio de la Ley. Especialmente si tenemos en cuenta que Zapatero no ha reconocido su infamia, ni siquiera como error, mientras que los nacionalistas, con el lehendakari a la cabeza, siguen abiertamente defendiendo ese camino como "resolución política del conflicto".
A la espera de ver si la actual "fase de confrontación" –tal y como la calificó Rubalcaba– le releva en el futuro una "nueva fase de diálogo" –tal y como la que textualmente le acaba de reclamar al Gobierno el etarra Arnaldo Otegi–, sería al menos exigible erradicar las secuelas de un pasado negociador y claudicante sobre el que hasta el principal líder de la oposición parece querer pasar página. Tal es el caso, no sólo de esa resolución parlamentaria favorable al oxigenante "final dialogado de la violencia", sino también la de la todavía no extirpada presencia proetarra en las instituciones.
Es cierto que el Fiscal General del Estado, tras pedir con ETA que "la Ley no fuera obstáculo" para la "paz", ha dejado, por fin, a los tribunales aplicar la Ley de Partidos a las formaciones proetarras que, durante la tregua, tanto maquilló públicamente el presidente del Gobierno. Sin embargo, las recientes sentencias del Supremo no impiden por sí solas que los proetarras puedan seguir, a título individual y durante el resto de la legislatura, ocupando los cargos públicos.
Por ello, es urgente la aplicación del artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que, de conformidad con la reforma de 10 de marzo de 2003, recoge la posibilidad de disolver los órganos de las corporaciones locales que, como las que rigen los proetarras, dan cobertura o apoyo, expreso o tácito, al terrorismo, tanto como humillan a sus víctimas.
Esperemos que Rajoy, en su obsesión con olvidar el pasado con la excusa de "mirar al futuro", no deje de hacer suya esta exigencia que, al día de hoy, sólo UPyD ha planteado al Gobierno. La obligación de Rajoy, vista la trayectoria de Zapatero, no es trabajar "codo con codo" con este Gobierno, sino exigirle que repare lo que ha hecho en un pasado reciente, cuyas secuelas siguen siendo una trágica realidad presente.