La situación es la siguiente. El sistema financiero español es, según repite machaconamente el Gobierno, el más sólido de mundo. Ninguna entidad de crédito ha quebrado o ha dado señales de hacerlo en breve. Los índices de morosidad han subido, sí, pero, a pesar de ello, siguen manteniéndose en un nivel tolerable por parte de los acreedores. Existen, efectivamente, nubarrones en el futuro inmediato pero, conforme aseguran desde el Ejecutivo, no afectarán demasiado a los bancos y cajas españolas que, vuelta a empezar, son las más sólidas del mundo.
Pues en medio de toda esta fiesta de optimismo y buenas noticias, Zapatero se ha sacado de la manga un plan de rescate para la banca sin precedentes históricos, que extraerá de los bolsillos de los españoles entre 30.000 y 50.000 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 5% de lo que España produce en todo el año. Ante semejante iniciativa que corre a cuenta del contribuyente cabe hacerse dos preguntas. La primera relativa a la presunta solidez del sistema financiero. Si, como dice Zapatero, es el más fiable del mundo, ¿por qué necesita un plan de rescate? La segunda relativa al concepto mismo del rescate. Si no ha quebrado aún ninguna entidad, ¿por qué habría que destinar fondos públicos a rescatarlas?
Tenga o no sentido el plan el hecho es que se va a producir sí o sí, ya sea porque Zapatero es un adicto al gasto, ya porque dispone de información que el resto de los españoles desconocemos, ya por ambas cosas, que es lo más probable. Toca ahora conocer hasta el último detalle de este brutal desplazamiento de renta entre los contribuyentes y la banca y, sobre todo, fiscalizarlo hasta el último euro. Porque, aunque Zapatero esté convencido de lo contrario, el dinero que maneja tan alegremente no es suyo sino del pagador de impuestos por lo que, en consecuencia, tiene que dar explicaciones exhaustivas del uso que hace de él.
Es imperativo saber, y saberlo cuanto antes, contra qué activos prestará dinero, a quién se lo prestará, cuánto se prestará, es decir, cuánto valorará los activos, y qué plazo tienen establecido los bancos para devolver el préstamo. Esto para empezar. No estaría de más que el Gobierno informase de los mecanismos burocráticos que se vayan a crear para canalizar esta ingente cantidad de dinero hacia la banca. Y no sólo saber el quién sino el cuánto, cuánto dinero nos va a costar esta salvaje e innecesaria redistribución de renta.
Con todo, estas medidas que debe tomar desde ya la sociedad civil no serán suficientes. Tanto la Dirección General del Tesoro como el propio Zapatero deben acarrear la responsabilidad penal en caso de que se produzca una malversación de fondos públicos. Y por malversación puede entenderse el préstamo de grandes cantidades de dinero contra activos-basura que hagan irrecuperable el capital prestado.
Las consecuencias del plan de rescate serán nefastas para la economía española y contribuirán a alargar en el tiempo el estancamiento económico en el que ya estamos inmersos. Pero serán mucho peores si, además, los dueños de ese dinero no se preocupan de marcar al Gobierno de cerca y de exigir responsabilidades cuando empiecen a aflorar las primeras irregularidades. Zapatero nunca creyó que tuviese que llegar a este extremo porque, para él, hasta hace un mes la crisis era una fábula de la prensa crítica. Debido a su inopia económica ha elegido el peor de los caminos. A la sociedad civil tan sólo le queda vigilar y permanecer atenta.