2008 va a terminar siendo uno de los peores años de la historia económica de España. Probablemente cerremos diciembre con una recesión, con un millón más de parados, con una inflación por encima a la del resto de los países desarrollados, con un abultado déficit presupuestario y con uno de los mayores desequilibrios del mundo en el saldo exterior.
Difícilmente una economía puede haber exhibido una peor evolución en tan sólo doce meses (aunque la experiencia islandesa apunta a que sí es posible) y, por desgracia, 2009 será con una elevada probabilidad bastante peor que el presente ejercicio. Los analistas ya comienzan a señalar que sufriremos una recesión que, de momento, cifran en el 0,3% del PIB. Sin embargo, no conviene lanzar las campañas al vuelo: no está de más recordar que esos mismos analistas pronosticaban hace un año que en 2008 España crecería por encima del 3%. Dicho de otra manera, sus negativos pronósticos son más bien un suelo, y no un techo, del fatal destino que aguarda a la economía española. Pizarro, que en esto estuvo bastante más despierto y acertado que la mayoría de casas de análisis, opina que la crisis será larga y profunda, así que si mantiene su grado de acierto más vale que vayamos preparándonos.
Desde luego no puede echarse toda la culpa de la situación actual. ni siquiera la mayor parte. al Gobierno socialista que padece España. La depresión que estamos iniciando tiene sus orígenes en las políticas de expansión crediticia que llevaron a cabo todos los bancos centrales del mundo a partir de 2002 y, en especial, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.
De la misma manera que Zapatero no era el responsable de la bonanza artificial que se vivió durante la pasada legislatura, tampoco es el causante principal de la debacle actual. No obstante, sí es cierto que la actuación de su Gobierno difícilmente puede haber sido más nociva para la economía: dentro de su reducido margen de actuación para facilitar la recuperación, no ha cesado de encadenar errores que prolongarán la crisis.
En particular, el Gobierno ha estado más interesado en demostrar que no enmascaró la gravedad de la crisis económica antes de las elecciones adoptando tarde pocas y tímidas reformas, ya que, al fin y al cabo, si no estábamos en crisis no era necesario agarrar al toro por los cuernos. En concreto, la imprescindible liberalización de nuestro mercado laboral, que amortigüe parte de la desaceleración de la actividad y facilite la rápida recolocación de los trabajadores, ha sido sustituida por un vacuo e inmovilista "diálogo social" donde los partícipes parecen más interesados en recolectar subvenciones del Ejecutivo que en aportar auténticas soluciones para trabajadores y empresas; la contención del gasto público que libere ahorro para reorientar la estructura productiva de la economía ha sido pisoteada por unos presupuestos que sólo recogen, corregidos y ampliados, todos los compromisos electoralistas de despilfarro que había adoptado ZP en 2007; y el plan de rescate de los bancos y cajas españoles ha terminado convirtiéndose en un opaco artificio en pro del amiguismo y la corrupción gubernamental en lugar de en un instrumento que permita refinanciar los activos bancarios rentables.
La última gesta del Ejecutivo pasa por sus cabildeos para asistir a la Cumbre de Washington donde algunos, como Zapatero, esperan que se entierre al capitalismo y al libre mercado. De momento, parece que la ruinosa política exterior del presidente del Gobierno ha terminado por pasarle factura: por mucho que los primeros ministros tengan sentido del humor y le rían las gracias a ZP de cara a la galería, a la hora de la verdad ni olvidan sus errores ni perdonan sus agravios. Es triste que España sea excluida de la cumbre, ya que en esta reunión se estudiará una reforma profunda del sistema financiero internacional, y si bien la economía española tiene una escasa relevancia en el panorama global, el sector financiero español (directamente afectado por los resultados de la cumbre) sí es uno de los más importantes del mundo.
Sin embargo, vista la ruinosa gestión del PSOE y de Zapatero dentro de España, al menos nos queda el consuelo de que estas ideas económicas, incompetentes y liberticidas, no contará con un defensor más en Washington. La ausencia de ZP bien pudiera ser una buena noticia, aunque sólo sea para evitar que sus nefastas propuestas sean escuchadas. La situación económica actual de España y, sobre todo, sus perspectivas futuras deberían de ser una guía de por qué no conviene hacerle mucho caso.