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La Comisión amplía el proceso contra el Gobierno por las condiciones "ilegales" a E.On

La Comisión Europea (CE) ha ampliado el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones impuestas a E.On en la OPA sobre Endesa debido a que Madrid no ha retirado el segundo conjunto de requerimientos a la empresa alemana y ha dado quince días a las autoridades españolas para explicarse. La CE, que declaró las condiciones son ilegales por violar las normas comunitarias, ya había enviado al Ejecutivo de Zapatero una carta de notificación el 18 de octubre pasado por las primeras medidas. Ahora ha aprobado el envío de una notificación "complementaria".

La Comisión Europea (CE) ha ampliado el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones impuestas a E.On en la OPA sobre Endesa debido a que Madrid no ha retirado el segundo conjunto de requerimientos a la empresa alemana y ha dado quince días a las autoridades españolas para explicarse. La CE, que declaró las condiciones son ilegales por violar las normas comunitarias, ya había enviado al Ejecutivo de Zapatero una carta de notificación el 18 de octubre pasado por las primeras medidas. Ahora ha aprobado el envío de una notificación "complementaria".
LD (Agencias) La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente contra España por no retirar las condiciones declaradas ilegales a la oferta de E.On de comprar Endesa. Bruselas considera que las condiciones impuestas por el Ministerio de Industria vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y derecho de establecimiento. El nuevo expediente se sumará al procedimiento de infracción que ya lanzó el Ejecutivo comunitario el 18 de octubre de 2006 contra el Gobierno por mantener buena parte de los requisitos impuestos inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Los dos expedientes se tratarán a partir de ahora de manera conjunta.
 
Las condiciones impuestas por el Ministerio de Industria que Bruselas considera ilegales son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de cinco años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.On de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española. El nuevo procedimiento de infracción se abrirá con una "carta de emplazamiento suplementaria" para acumular los dos expedientes. Si el Gobierno no atiende a las exigencias de Bruselas, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 
Para el ministro de Economía, Pedro Solbes, se trata de una "discrepancia" entre la Comisión y España sobre "cómo debe interpretarse el concepto de seguridad de abastecimiento". El Gobierno cree que las condiciones que ha impuesto a E.On sirven para garantizar la seguridad de abastecimiento mientras que "la tesis de la Comisión es que prácticamente ninguna de estas medidas sirve o es útil" para este objetivo, dijo el vicepresidente. "No hay ningún problema, hay discrepancia de puntos de vista y yo creo que debe sustanciarse", considera Solbes.

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