L D (Agencias) España tiene una "gran confianza" en Eurojust, la unidad europea de coordinación judicial penal inaugurada hoy en La Haya, como "instrumento de cooperación judicial y seguridad" en Europa, señaló Rafael Catalá, secretario de Estado de Justicia español. Catalá, que estuvo presente en la ceremonia de inauguración oficial de Eurojust, también resaltó la importancia del nuevo organismo para España, "en donde tenemos problemas de crimen organizado y de terrorismo". Además, el secretario de Estado dijo que España considera de vital importancia "consolidar Eurojust como pieza clave en materia de seguridad", no solamente en temas de terrorismo sino también en el resto de delitos como narcotráfico, redes de inmigración ilegal o crimen organizado.
Catalá Polo destacó también la "intensa participación" de España en el proyecto Eurojust desde su constitución en marzo del 2001, ya que ha sido el país que ha participado en más reuniones (16) de este organismo internacional, seguido por Italia y por Alemania. El representante español hizo asimismo hincapié en la importancia que para Eurojust tiene el que los Estados de la UE "sigan incorporando esta nueva realidad judicial a sus legislaciones". En este sentido, resaltó que la reforma judicial en España ya contempla la "definición de nuevos tipos de delito que tienen que ver con el orden delictivo que rompe las fronteras nacionales".
¿Qué es Eurojust?
Este órgano judicial de la Unión Europea tiene por fin favorecer la cooperación y la coordinación de los diferentes sistemas de justicia de los Quince, gracias a la adopción de medidas estructurales, y facilitar la coordinación eficaz de las investigaciones de los Estados miembros que cubran el territorio de varios de entre ellos, en el respeto integral de derechos y libertades fundamentales. La idea nació en octubre de 1999, en Tampere, Finlandia, con el fin de combatir formas graves de criminalidad organizada de carácter transfronterizo y evitar que la Unión sea una refugio para delincuentes y terroristas.
Eurojust tiene competencias en materia de terrorismo, tráfico de seres humanos, drogas, criminalidad informática, fraude y corrupción, así como toda infracción penal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad Europea, blanqueo de productos del crimen, falsificación del euro, crímenes contra el medio ambiente y participación en una organización criminal. Para realizar este trabajo cuenta con los instrumentos desarrollados en el marco de la cooperación judicial europea, tales como la orden europea de detención, y la aceptación recíproca de todos los instrumentos ya existentes en los Estados miembros.
Eurojust está compuesto por 15 miembros nacionales, todos ellos magistrados o fiscales designados por cada Estado miembro y apoyados por un equipo administrativo. El colegio de Eurojust ha elegido a su propio presidente, Michael Kennedy (Reino Unido), y dos vicepresidentes, Olivier de Baynast (Francia) y Bjorn Blomqvist (Suecia). Los miembros nacionales y el colegio pueden pedir a las autoridades competentes de los Estados miembros el inicio de una investigación sobre actos delictivos precisos, aceptar que una de ellas pueda estar mejor situada que otra para llevar a cabo las diligencias; coordinar las autoridades competentes de los Estados miembros ; poner en marcha un equipo de investigación común y ofrecer a Eurojust toda información necesaria para cumplir sus objetivos. Eurojust comenzó a trabajar en marzo de 2001 en Bruselas, aunque no fue operativa hasta diciembre de 2002 en La Haya, lugar elegido para que pueda colaborar estrechamente con Europol. Desde entonces, la organización ha abordado 500 casos.
Con el fin de proseguir la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia el debate se centra ahora en que la Convención que está preparando la futura Constitución europea establezca la figura del fiscal europeo. Eurojust y el fiscal europeo se complementarían entre sí, ya que este último centralizaría la dirección de la persecución penal en un campo comunitario específico aunque limitado; mientras que Eurojust trabajaría con los métodos clásicos en el campo más amplio de la alta criminalidad. La Comisión Europea, desde la Conferencia intergubernamental de Niza de 2000, apoya esta nueva figura, que tendría por fin reunir material incriminatorio y exculpatorio para, en su caso, poder incoar medidas penales contra los autores de actos delictivos definidos en común con la finalidad de proteger los intereses financieros de la Comunidad. También podría encargarse de la dirección y coordinación de las medidas.
Catalá Polo destacó también la "intensa participación" de España en el proyecto Eurojust desde su constitución en marzo del 2001, ya que ha sido el país que ha participado en más reuniones (16) de este organismo internacional, seguido por Italia y por Alemania. El representante español hizo asimismo hincapié en la importancia que para Eurojust tiene el que los Estados de la UE "sigan incorporando esta nueva realidad judicial a sus legislaciones". En este sentido, resaltó que la reforma judicial en España ya contempla la "definición de nuevos tipos de delito que tienen que ver con el orden delictivo que rompe las fronteras nacionales".
¿Qué es Eurojust?
Este órgano judicial de la Unión Europea tiene por fin favorecer la cooperación y la coordinación de los diferentes sistemas de justicia de los Quince, gracias a la adopción de medidas estructurales, y facilitar la coordinación eficaz de las investigaciones de los Estados miembros que cubran el territorio de varios de entre ellos, en el respeto integral de derechos y libertades fundamentales. La idea nació en octubre de 1999, en Tampere, Finlandia, con el fin de combatir formas graves de criminalidad organizada de carácter transfronterizo y evitar que la Unión sea una refugio para delincuentes y terroristas.
Eurojust tiene competencias en materia de terrorismo, tráfico de seres humanos, drogas, criminalidad informática, fraude y corrupción, así como toda infracción penal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad Europea, blanqueo de productos del crimen, falsificación del euro, crímenes contra el medio ambiente y participación en una organización criminal. Para realizar este trabajo cuenta con los instrumentos desarrollados en el marco de la cooperación judicial europea, tales como la orden europea de detención, y la aceptación recíproca de todos los instrumentos ya existentes en los Estados miembros.
Eurojust está compuesto por 15 miembros nacionales, todos ellos magistrados o fiscales designados por cada Estado miembro y apoyados por un equipo administrativo. El colegio de Eurojust ha elegido a su propio presidente, Michael Kennedy (Reino Unido), y dos vicepresidentes, Olivier de Baynast (Francia) y Bjorn Blomqvist (Suecia). Los miembros nacionales y el colegio pueden pedir a las autoridades competentes de los Estados miembros el inicio de una investigación sobre actos delictivos precisos, aceptar que una de ellas pueda estar mejor situada que otra para llevar a cabo las diligencias; coordinar las autoridades competentes de los Estados miembros ; poner en marcha un equipo de investigación común y ofrecer a Eurojust toda información necesaria para cumplir sus objetivos. Eurojust comenzó a trabajar en marzo de 2001 en Bruselas, aunque no fue operativa hasta diciembre de 2002 en La Haya, lugar elegido para que pueda colaborar estrechamente con Europol. Desde entonces, la organización ha abordado 500 casos.
Con el fin de proseguir la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia el debate se centra ahora en que la Convención que está preparando la futura Constitución europea establezca la figura del fiscal europeo. Eurojust y el fiscal europeo se complementarían entre sí, ya que este último centralizaría la dirección de la persecución penal en un campo comunitario específico aunque limitado; mientras que Eurojust trabajaría con los métodos clásicos en el campo más amplio de la alta criminalidad. La Comisión Europea, desde la Conferencia intergubernamental de Niza de 2000, apoya esta nueva figura, que tendría por fin reunir material incriminatorio y exculpatorio para, en su caso, poder incoar medidas penales contra los autores de actos delictivos definidos en común con la finalidad de proteger los intereses financieros de la Comunidad. También podría encargarse de la dirección y coordinación de las medidas.