L D (EFE) La comparecencia se producirá el próximo día 23 –jornada del cierre de la campaña electoral– como consecuencia de la causa abierta tras la operación policial contra la Udalbiltza de Batasuna, institución a la que el magistrado declaró fuera de la ley el pasado 30 de abril. El sumario se encuentra actualmente bajo secreto. Los imputados son los alcaldes de Oiartzun (Guipúzcoa) y Ondarroa (Vizcaya), Xabier Iragorri Gamio y Loren Arkotxa, respectivamente; además de Xabier Alegría, ex dirigente de KAS; Imanol Esnaola y Loren Arkotxa. El otro imputado es Joseba Mikel Garmendia Albarracin, miembro de la comisión ejecutiva de la Udalbiltza y el experto en finanzas de ETA que ahora es profesor de la UPV. Su asignatura "Economía Aplicada". De hecho, el próximo día 16 estaba citado para tomar posesión de su plaza en el despacho de Garzón.
El alcalde de Ondarroa, Loren Arkotxa, es presidente de Udalbiltza Kursaal (la asamblea de electos vascos de Batasuna) mientras que el Ayuntamiento de Oyarzun fue uno de los que intervinieron en la creación de Udalbiltza Konsorzio. Según iforma Servimedia, en la resolución dictada el pasado 30 de abril, el magistrado ya anunció una investigación por malversación de caudales públicos, dado que, "según los indicios existentes en este momento se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-Sozialista Abertzaleak, para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista".
"Por tanto –continúa la resolución dictada por Garzón–, deberá desarrollarse la investigación iniciada y el análisis de las cuentas y presupuestos para concretar otras responsabilidades penales". Por otra parte, el magistrado ha comunicado a las empresas y entidades Udalibitzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergo Konsorzio y Euskal Garapen Eta Kohesio Fondoa la suspensión de las actividades. La abogada Jone Goiricelaya, que asistió al acto con un poder en representación de dichas entidades, se opuso a la suspensión de actividades, por considerar que Garzón no era competente para aplicar tal medida, prevista en el artículo 129 del Código Penal y que éste, además, no se podía aplicar en este caso.
En el auto dictado el pasado 30 de abril, Garzón imputa a los detenidos en la operación policial un presunto delito de integración en organización terrorista y asegura que está claramente demostrado que la Udalbiltza de Batasuna está integrada en "el mismo armazón que el complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN". A criterio de Garzón, la Udalbiltza de Batasuna "es parte de ese mismo entramado terrorista y, por tanto, se encuentra fuera de la ley", lo que el magistrado advierte que deben tener en cuenta en adelante "las personas de buena fe que hayan podido tener relación o vinculación con dicha estructura y sus responsables sin conocer la verdadera naturaleza" de sus actividades.
Para Garzón, la Udalbiltza de Batasuna fue creada para "burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal, y que, a su vez, sirva de base, tanto económica como política, a la plataforma Udalbiltza-Kursaal y constituya el embrión del futuro partido político sustitutivo de Herri Batasuna-EH-Batasuna-Socialista Abertzaleak".
El alcalde de Ondarroa, Loren Arkotxa, es presidente de Udalbiltza Kursaal (la asamblea de electos vascos de Batasuna) mientras que el Ayuntamiento de Oyarzun fue uno de los que intervinieron en la creación de Udalbiltza Konsorzio. Según iforma Servimedia, en la resolución dictada el pasado 30 de abril, el magistrado ya anunció una investigación por malversación de caudales públicos, dado que, "según los indicios existentes en este momento se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-Sozialista Abertzaleak, para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista".
"Por tanto –continúa la resolución dictada por Garzón–, deberá desarrollarse la investigación iniciada y el análisis de las cuentas y presupuestos para concretar otras responsabilidades penales". Por otra parte, el magistrado ha comunicado a las empresas y entidades Udalibitzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergo Konsorzio y Euskal Garapen Eta Kohesio Fondoa la suspensión de las actividades. La abogada Jone Goiricelaya, que asistió al acto con un poder en representación de dichas entidades, se opuso a la suspensión de actividades, por considerar que Garzón no era competente para aplicar tal medida, prevista en el artículo 129 del Código Penal y que éste, además, no se podía aplicar en este caso.
En el auto dictado el pasado 30 de abril, Garzón imputa a los detenidos en la operación policial un presunto delito de integración en organización terrorista y asegura que está claramente demostrado que la Udalbiltza de Batasuna está integrada en "el mismo armazón que el complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN". A criterio de Garzón, la Udalbiltza de Batasuna "es parte de ese mismo entramado terrorista y, por tanto, se encuentra fuera de la ley", lo que el magistrado advierte que deben tener en cuenta en adelante "las personas de buena fe que hayan podido tener relación o vinculación con dicha estructura y sus responsables sin conocer la verdadera naturaleza" de sus actividades.
Para Garzón, la Udalbiltza de Batasuna fue creada para "burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal, y que, a su vez, sirva de base, tanto económica como política, a la plataforma Udalbiltza-Kursaal y constituya el embrión del futuro partido político sustitutivo de Herri Batasuna-EH-Batasuna-Socialista Abertzaleak".