L D (Agencias) La versión fue presentada formalmente a los otros miembros del Consejo por el embajador estadounidense ante la ONU, John Negroponte, en una sesión a puerta cerrada. Tras la reunión, el texto fue dado a conocer por la oficina del diplomático estadounidense. En la última redacción, el proyecto presenta algunas concesiones a países como Francia o Rusia, como por ejemplo el reconocimiento formal de las obligaciones de Estados Unidos, en tanto que potencia ocupante, derivadas de las Convenciones de Ginebra. Según el texto, que consta de ocho páginas, los ingresos que se generen de la venta de petróleo y al menos 3.000 millones de dólares del país que ahora están en manos de la ONU serían transferidos a un nuevo Fondo de Ayuda Iraquí del que se harían cargo Estados Unidos y Reino Unido --países a los cuales el documento llama "la autoridad"--, que mantendrán a su vez consultas con el gobierno provisional que se forme.
Un consejo asesor independiente, que incluiría representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Naciones Unidas, se encargaría de supervisar las cuentas y transacciones que se efectúen desde ese fondo de ayuda. Naciones Unidas sólo ejercerá de auditor de los fondos y tendrá un coordinador especial para Irak. Este coordinador, según la resolución, "trabajaría con las autoridades y la población iraquí para la restauración y establecimiento de intituciones nacionales y locales para el gobierno representativo".
La resolución permitiría que el programa 'Petróleo por alimentos' administrado por Naciones Unidas, que hasta el momento ha comprometido cerca de 10.000 millones de dólares, se desmantele en cuatro meses. No obstante, el texto legal sólo permitirá al programa comprar alimentos y medicinas, nada más, por lo que en lo que le queda de vida es probable que se gaste una porción muy pequeña de ese dinero y el restante vaya a parar al fondo de ayuda controlado por estadounidenses y británicos. El coordinador especial de Naciones Unidas para Irak llegaría al país en cuanto se completase la formación del gobierno provisional del país, que se prevé para finales de este mes. La cuestión es que en el texto de la resolución no queda claro qué papel tendrá esta nueva autoridad en la creación del nuevo gobierno iraquí y sus instituciones. Este funcionario también se encargaría de coordinar las iniciativas de reconstrucción de las agencias de la ONU.
Para la Casa Blanca el asunto más crucial radica en la gestión del petróleo iraquí. Todo el dinero que se genere por esta actividad será ingresado en el fondo de ayuda, cuya cuenta estará en el Banco Central de Irak. El proyecto de resolución, en algunas de sus últimas modificaciones de última hora, ha presentado algunas concesiones a los posibles detractores. Por ejemplo, el texto reconoce formalmente las obligaciones de Estados Unidos derivadas de la Convención de Ginebra en tanto que potencia ocupante en Irak.
Concretamente, el nuevo texto "insta a todas las partes implicadas a cumplir totalmente con sus obligaciones bajo el derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra de 1949 y las regulaciones de La Haya de 1907". La Convención de Ginebra señala la responsabilidad de la fuerza ocupante de proteger a los civiles y tratar a los prisioneros de guerra en forma humanitaria. Las regulaciones de La Haya establecen las obligaciones del ocupante en el mantenimiento de la administración civil. El texto propone también que se recorte del 25 al 5 por ciento la proporción de las ventas de petróleo iraquí destinadas a compensar a Kuwait por la invasión de agosto de 1990 y los siete meses de ocupación posterior, en línea con el propósito general del proyecto de levantar de forma inmediata las sanciones impuestas a Irak tras la invasión a Kuwait y colocar la economía bajo el control de las fuerzas ocupantes durante 12 meses. La nueva versión pide también a los Estados miembros de la ONU que nieguen el asilo a los miembros del régimen de Sadam Husein y pide a los países que tomen las medidas adecuadas para facilitar el retorno de los tesoros culturales de Irak y las antigüedades que fueron robadas justo después de la caída del régimen de Sadam.
En Washington prevalece el optimismo acerca de las posibilidades de lograr el apoyo unánime del Consejo, a pesar de las reservas planteadas por algunos países, sobre todo Rusia. "Esta resolución está redactada para obtener los 15 votos a favor del Consejo", indicó este jueves un diplomático estadounidense. Francia, que quisiera que la ONU tuviera "un papel central" en la reconstrucción de Irak, ya ha señalado que, a pesar de su reiterado desacuerdo con la guerra y la ocupación del territorio iraquí, en esta ocasión no se enfrentará con la superpotencia y no vetará la resolución.
El hueso más duro de roer en esta ocasión será Rusia, cuyos diplomáticos han manifestado que antes de que se levanten las sanciones es necesario que se cumplan los requisitos marcados por las resoluciones de la ONU, es decir, que los inspectores de ese organismo regresen a Irak para certificar la ausencia de armas de destrucción masiva. El embajador ruso ante la ONU, Sergey Lavrov, declaró hoy que Moscú tiene una "larga lista" de preguntas antes de aprobar la resolución. Washington ya ha comenzado su campaña: ayer, Powell habló por teléfono con sus homólogos francés y alemán, Dominique de Villepin y Joschka Fischer. Ese mismo día, el subsecretario de Estado, Kim Holmes, se reunió en Moscú con el ministro ruso de Exteriores, Igor Ivanov, y hoy viajó a Berlín para entrevistarse con Fischer. En esta ocasión, el Gobierno alemán también apoyará el levantamiento de sanciones. Otros países miembros del Consejo, como Angola y Chile, han reaccionado de forma positiva al texto. Así pues, Rusia será la última en dar el visto bueno, pero la mayoría de los diplomáticos creen que el Gobierno de Vladimir Putin dará su brazo a torcer en cuanto los estadounidenses le garanticen que se respetará el contrato de venta de bienes por valor de 1.500 millones de dólares firmado entre el régimen de Sadam Husein y Moscú. Lo que aún no queda claro es lo que pasará con los más de 6.000 millones de dólares en deudas que el derrocado gobierno iraquí debía a Rusia.
Un consejo asesor independiente, que incluiría representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Naciones Unidas, se encargaría de supervisar las cuentas y transacciones que se efectúen desde ese fondo de ayuda. Naciones Unidas sólo ejercerá de auditor de los fondos y tendrá un coordinador especial para Irak. Este coordinador, según la resolución, "trabajaría con las autoridades y la población iraquí para la restauración y establecimiento de intituciones nacionales y locales para el gobierno representativo".
La resolución permitiría que el programa 'Petróleo por alimentos' administrado por Naciones Unidas, que hasta el momento ha comprometido cerca de 10.000 millones de dólares, se desmantele en cuatro meses. No obstante, el texto legal sólo permitirá al programa comprar alimentos y medicinas, nada más, por lo que en lo que le queda de vida es probable que se gaste una porción muy pequeña de ese dinero y el restante vaya a parar al fondo de ayuda controlado por estadounidenses y británicos. El coordinador especial de Naciones Unidas para Irak llegaría al país en cuanto se completase la formación del gobierno provisional del país, que se prevé para finales de este mes. La cuestión es que en el texto de la resolución no queda claro qué papel tendrá esta nueva autoridad en la creación del nuevo gobierno iraquí y sus instituciones. Este funcionario también se encargaría de coordinar las iniciativas de reconstrucción de las agencias de la ONU.
Para la Casa Blanca el asunto más crucial radica en la gestión del petróleo iraquí. Todo el dinero que se genere por esta actividad será ingresado en el fondo de ayuda, cuya cuenta estará en el Banco Central de Irak. El proyecto de resolución, en algunas de sus últimas modificaciones de última hora, ha presentado algunas concesiones a los posibles detractores. Por ejemplo, el texto reconoce formalmente las obligaciones de Estados Unidos derivadas de la Convención de Ginebra en tanto que potencia ocupante en Irak.
Concretamente, el nuevo texto "insta a todas las partes implicadas a cumplir totalmente con sus obligaciones bajo el derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra de 1949 y las regulaciones de La Haya de 1907". La Convención de Ginebra señala la responsabilidad de la fuerza ocupante de proteger a los civiles y tratar a los prisioneros de guerra en forma humanitaria. Las regulaciones de La Haya establecen las obligaciones del ocupante en el mantenimiento de la administración civil. El texto propone también que se recorte del 25 al 5 por ciento la proporción de las ventas de petróleo iraquí destinadas a compensar a Kuwait por la invasión de agosto de 1990 y los siete meses de ocupación posterior, en línea con el propósito general del proyecto de levantar de forma inmediata las sanciones impuestas a Irak tras la invasión a Kuwait y colocar la economía bajo el control de las fuerzas ocupantes durante 12 meses. La nueva versión pide también a los Estados miembros de la ONU que nieguen el asilo a los miembros del régimen de Sadam Husein y pide a los países que tomen las medidas adecuadas para facilitar el retorno de los tesoros culturales de Irak y las antigüedades que fueron robadas justo después de la caída del régimen de Sadam.
En Washington prevalece el optimismo acerca de las posibilidades de lograr el apoyo unánime del Consejo, a pesar de las reservas planteadas por algunos países, sobre todo Rusia. "Esta resolución está redactada para obtener los 15 votos a favor del Consejo", indicó este jueves un diplomático estadounidense. Francia, que quisiera que la ONU tuviera "un papel central" en la reconstrucción de Irak, ya ha señalado que, a pesar de su reiterado desacuerdo con la guerra y la ocupación del territorio iraquí, en esta ocasión no se enfrentará con la superpotencia y no vetará la resolución.
El hueso más duro de roer en esta ocasión será Rusia, cuyos diplomáticos han manifestado que antes de que se levanten las sanciones es necesario que se cumplan los requisitos marcados por las resoluciones de la ONU, es decir, que los inspectores de ese organismo regresen a Irak para certificar la ausencia de armas de destrucción masiva. El embajador ruso ante la ONU, Sergey Lavrov, declaró hoy que Moscú tiene una "larga lista" de preguntas antes de aprobar la resolución. Washington ya ha comenzado su campaña: ayer, Powell habló por teléfono con sus homólogos francés y alemán, Dominique de Villepin y Joschka Fischer. Ese mismo día, el subsecretario de Estado, Kim Holmes, se reunió en Moscú con el ministro ruso de Exteriores, Igor Ivanov, y hoy viajó a Berlín para entrevistarse con Fischer. En esta ocasión, el Gobierno alemán también apoyará el levantamiento de sanciones. Otros países miembros del Consejo, como Angola y Chile, han reaccionado de forma positiva al texto. Así pues, Rusia será la última en dar el visto bueno, pero la mayoría de los diplomáticos creen que el Gobierno de Vladimir Putin dará su brazo a torcer en cuanto los estadounidenses le garanticen que se respetará el contrato de venta de bienes por valor de 1.500 millones de dólares firmado entre el régimen de Sadam Husein y Moscú. Lo que aún no queda claro es lo que pasará con los más de 6.000 millones de dólares en deudas que el derrocado gobierno iraquí debía a Rusia.