L D (EFE) Según informaron este martes fuentes del Ministerio del Interior, esta modificación de la ley pretende mejorar el control de las fronteras y su principal objetivo no es localizar a las personas que entran al país con "apariencia de legalidad", sino obtener información de las "líneas calientes" y actuar en consecuencia. Una vez detectadas, se podrá contactar con las compañías o con los países de los que proceden dichos vuelos para "cortar" el flujo de inmigración ilegal, añadieron las fuentes, que recordaron que a través del tráfico aéreo se produce el mayor tránsito de personas que acceden al país legalmente, con visado de turistas, y se convierten después en irregulares.
Otra de las novedades incluidas en la reforma de la ley, que incorporará la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las directivas europeas en materia de inmigración, consiste en que las líneas aéreas deberán hacerse cargo del retorno del ilegal al lugar del que salió (no necesariamente su país de origen). En el caso de que las compañías no colaboren, incluso se establecerá un marco de sanciones, contemplado en la correspondiente directiva europea, de acuerdo al cual la línea aérea abonará 500 euros por pasajero rechazado.
Por otro lado, las fuentes subrayaron que con la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, la tercera que se acomete en esta legislatura, el visado se asociará a la circunstancia o situación por la que un extranjero quiere venir a España. De este modo, el visado para quienes entren en España para trabajar servirá de permiso de trabajo y de residencia y, por tanto, el inmigrante podrá darse de alta en la Seguridad Social. "A partir de ahí sólo queda formalizar la tarjeta de extranjero", requisito para poder transitar por toda la Unión Europea, explicaron las fuentes, que destacaron que hasta ahora el visado (de trabajo, residencia, estudiante o turista) sólo autorizaba la entrada en el país.
Las mismas fuentes explicaron asimismo que la reforma elevará a rango de ley los procedimientos de expulsión e internamiento contemplados en el reglamento que desarrolla la ley, que el Tribunal Supremo anuló este año, y añadieron que el Gobierno también estudia otorgar rango de ley a las normas y criterios de actuación referidas al empadronamiento, ya que en la actualidad carecen de esa categoría, con el fin de que el padrón sea "de verdad una fuente de información veraz".
El cambio de la ley, que reforma veinte de sus setenta artículos, también recoge el reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea de las resoluciones de expulsión, que podrán ser ejecutadas por cualquier país miembro de la UE.
Otra de las novedades incluidas en la reforma de la ley, que incorporará la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las directivas europeas en materia de inmigración, consiste en que las líneas aéreas deberán hacerse cargo del retorno del ilegal al lugar del que salió (no necesariamente su país de origen). En el caso de que las compañías no colaboren, incluso se establecerá un marco de sanciones, contemplado en la correspondiente directiva europea, de acuerdo al cual la línea aérea abonará 500 euros por pasajero rechazado.
Por otro lado, las fuentes subrayaron que con la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, la tercera que se acomete en esta legislatura, el visado se asociará a la circunstancia o situación por la que un extranjero quiere venir a España. De este modo, el visado para quienes entren en España para trabajar servirá de permiso de trabajo y de residencia y, por tanto, el inmigrante podrá darse de alta en la Seguridad Social. "A partir de ahí sólo queda formalizar la tarjeta de extranjero", requisito para poder transitar por toda la Unión Europea, explicaron las fuentes, que destacaron que hasta ahora el visado (de trabajo, residencia, estudiante o turista) sólo autorizaba la entrada en el país.
Las mismas fuentes explicaron asimismo que la reforma elevará a rango de ley los procedimientos de expulsión e internamiento contemplados en el reglamento que desarrolla la ley, que el Tribunal Supremo anuló este año, y añadieron que el Gobierno también estudia otorgar rango de ley a las normas y criterios de actuación referidas al empadronamiento, ya que en la actualidad carecen de esa categoría, con el fin de que el padrón sea "de verdad una fuente de información veraz".
El cambio de la ley, que reforma veinte de sus setenta artículos, también recoge el reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea de las resoluciones de expulsión, que podrán ser ejecutadas por cualquier país miembro de la UE.