L D (EFE) Las enmiendas a la totalidad planteadas por las tres formaciones políticas que integran el Gobierno vasco y por CiU se debatirán en el pleno del Congreso el próximo jueves, día 29, con la presencia del ministro del Interior, Ángel Acebes. El Gobierno aprobó el pasado día 2 el proyecto de ley que modifica el artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, por el que se establecen nuevos criterios para el acceso de los internos a la enseñanza superior. El objetivo de la medida es evitar que los presos de ETA, que en su mayoría estudian en la Universidad del País Vasco (UPV), gocen de trato de favor.
Los datos son abrumadores: de los 268 internos de la banda terrorista que cursan estudios universitarios, más del 95 por ciento (258) lo hacen en la UPV, cuando la mayoría de ellos (233) se hallan en cárceles que están fuera de esa Comunidad Autónoma.
PNV y EA criticaron el proyecto de ley al considerar que va en contra del Estado de Derecho y del propio derecho de los reclusos a reinsertarse en la sociedad. CiU, según explicó su portavoz adjunto, Manel Silva, admite que han de corregirse las "disfunciones" que puedan existir en esta materia, pero "afrontando el problema en su origen y no modificando todo el sistema".
La reforma establece que sólo las universidades que tengan un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias puedan impartir enseñanza a los internos en las cárceles españolas, lo que no ocurre con la del País Vasco.
Los datos son abrumadores: de los 268 internos de la banda terrorista que cursan estudios universitarios, más del 95 por ciento (258) lo hacen en la UPV, cuando la mayoría de ellos (233) se hallan en cárceles que están fuera de esa Comunidad Autónoma.
PNV y EA criticaron el proyecto de ley al considerar que va en contra del Estado de Derecho y del propio derecho de los reclusos a reinsertarse en la sociedad. CiU, según explicó su portavoz adjunto, Manel Silva, admite que han de corregirse las "disfunciones" que puedan existir en esta materia, pero "afrontando el problema en su origen y no modificando todo el sistema".
La reforma establece que sólo las universidades que tengan un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias puedan impartir enseñanza a los internos en las cárceles españolas, lo que no ocurre con la del País Vasco.